Familias estafadas en U.S.A.
Ciudad de México. Varias familias estadounidenses perdieron miles de dólares al ser defraudadas por una agencia de adopción de infantes guatemaltecos con sede en Estados Unidos y sus intermediarios.
Entre el 2006 y el 2007, esos matrimonios norteamericanos trataron de adoptar legalmente a menores guatemaltecos por medio la agencia Main Street Adoption Services (MS), con sede en Lancaster, Pennsilvania, y la intermediaria Marcia Del Carpio y/o Milagro Del Carpio.
Pero después de innumerables trámites, engaños y el pago de más de US$200 mil, las familias norteamericanas se quedaron con las manos vacías.
En varios de los casos, la mecánica fue la misma. Los padres potenciales hallaron la foto de un bebé en una página electrónica, se comunicaron con la agencia para iniciar el proceso, efectuaron un pago inicial, hicieron varios trámites —todo a control remoto— e incluso viajaron a Guatemala para conocer a sus futuros hijos.
Sin embargo, regresaron a sus hogares sin nuevos integrantes de la familia.
En busca de una niña
En uno de los casos, los ciudadanos estadounidenses Guy Turi y Melissa Balistreri-Turi, radicados en Illinois, encontraron, hacia finales de febrero del 2007, a G, una niña de 11 meses de edad, en el sitio www.precious.org, y enviaron una solicitud sobre ella. La agencia respondió que la menor había sido “tomada”.
A inicios de abril, la pareja recibió un correo electrónico de MS, por si era de su interés una niña de 18 meses, llamada M.A.R.D. Los norteamericanos llenaron el cuestionario en línea para hacerles saber a los segundos que les interesaba la menor. Inmediatamente, recibieron un contrato que tendrían que enviar por fax y realizar un depósito inicial para empezar el proceso.
Días después, el matrimonio dijo a los responsables de la adopción que una vez recibieran reportes médicos aceptables, transferirían el dinero.
MS aseguró que enviaría informes mensuales y fotos de la niña, lo que llevó a los estadounidenses a entregarles US$3 mil.
Hacia junio, el ADN estaba completo y encajaba con la madre biológica y la niña, por lo cual la agencia demandó la siguiente cuota —US$9 mil 500—, que fue entregada por los candidatos a padres para poder visitar a la pequeña.
A mediados de julio del 2007, el matrimonio Turi les envió un correo electrónico recordándoles que estaban por viajar a Guatemala para visitar a M, a lo cual los responsables de la agencia de adopción respondieron que la llevarían a su hotel.
Pero ya en Guatemala, nadie apareció. Los oferentes de la niña llamaron a la pareja para informarles que la madre biológica había reclamado a la niña 11 días antes de que ellos viajaran.
Antes de abandonar ese país, les ofrecieron a la pareja otra niña —M.O.R.J., de 20 meses—, a lo cual accedieron, y a quien conocieron días después.
Sin embargo, la adopción no prosperó, pues la agencia no completó el trámite, por lo cual la pareja quedó con US$25 mil menos en su cuenta bancaria.
Persecución legal
Por esa razón, los Turi demandaron, junto a otros cinco matrimonios estadounidenses, ante la Corte del Distrito Este de Michigan a MS, a Nina Heller, su directora ejecutiva; Bob McClenaghan, su director, y Del Carpio, por enriquecimiento ilícito, conspiración civil, engaño fraudulento, engaño ingenuo, provocación intencional y negligente de angustia emocional.
Joni Fixel, abogado de la firma Fixel Law Offices y representante legal de los matrimonios estafados, dijo a Prensa Libre que desconocía el paradero de Del Carpio y si había un acuerdo entre ella y la agencia para engañar a sus clientes.
“Podríamos descubrirlo o no durante la fase investigativa del litigio”, indicó en consulta efectuada por correo electrónico.
Del Carpio, quien era el contacto con las supuestas madres biológicas y las cuidadoras de los niños, se habría embolsado miles de dólares entregados por las familias estadounidenses, y estaría por montar un servicio de adopciones de infantes colombianos.
Del Carpio colaboró a inicios de esta década con la agencia de adopciones The Florence Crittenton League, una organización sin fines de lucro localizada en Lowell, Massachussets.
En enero pasado, una nueva ley guatemalteca en la materia cobró vigencia y surgió, además, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), único responsable de aprobar la entrega de un menor a una familia sustituta.
El CNA decidió, en septiembre recién pasado, suspender por tiempo indefinido los procesos de adopción en un mercado valuado en unos US$200 millones anuales.
Mientras en la década pasada se cedían unos cien infantes guatemaltecos al año, esa cifra llegó a unos siete mil en el 2007, con lo cual Guatemala se transformó en el principal exportador mundial de menores, seguido de China, en una actividad que carga con muchos interrogantes sobre la limpieza de las prácticas de adopción y el origen real de esos menores.
El destino de uno de cada cien niños guatemaltecos fue Estados Unidos, según estadísticas del gobierno de esa nación. Por cada infante adoptado, las agencias pudieron ganar entre US$20 mil y US$50 mil.
En Guatemala, los acusados tenían por representantes a William, Byron y Héctor, cuyos apellidos no precisa la demanda, la cual tampoco señala dónde pueden ser localizados.
Prensa Libre intentó, sin éxito, comunicarse con los señalados. La página electrónica de MS es inaccesible y su teléfono de Pennsilvania remite a un buzón de mensajes automático.
El teléfono de Del Carpio en Orlando, Florida, está desconectado o fuera de servicio, y se ignora su paradero.
Historia de mentiras
En la demanda se señala que MS recurría a pretextos, como la ausencia de madres biológicas, familias que volvían por sus hijos y el estatus de los expedientes para retardar las adopciones.
“MS llevó a cabo un esquema para defraudar a sus clientes mediante un sistema de oferta de niños a los nuevos padres y pedir el envío de un ilusorio contrato firmado y de miles de dólares”, cita el expediente de la demanda, de 56 páginas de extensión.
Mediante este esquema, MS consiguió dinero de las familias norteamericanas que intentaban adoptar, y exigió pagos transferidos por cargos adicionales no especificados, con la amenaza de que si estos no eran cumplidos, la adopción se frenaría.
“El próximo paso es que los acusados respondan la demanda; entonces, la corte llamará a los abogados a una reunión para definir las fechas del proceso legal”, explicó Fixel.