Conflict arises protocol adoptions

Private association that promotes educational objects the government, which controls endurecería.

Rodrigo Perez, Century 21 | rperez@sigloxxi.com

There is a legal conflict by developing a protocol of best practices in the field of adoption, which would be obliged to use all of the executive branch involved in the process.

This would be presented in public by the authorities, hoping to tighten checks on the delivery of infants with non-biological parents.

"Develop a code of good practice, with the intention of restricting the rights established in law, seriously violates the principle of separation of powers, and does engage the President in the crime of usurpation of power and abuse of authority,"  said

, president of the

.

In his view, only Congress has constitutional authority to legislate and change the existing legal procedures.

He also warned that brought an appeal in the Constitutional Court (CC) if the manual is in place (read: public presentation).

The protocol mandated, among other things, create a database of fingerprints of children and their parents, regardless of whether the shipment [transfer?adoption?] is approved.

In addition, create an advisory group to explain to parents, be they adults or minors, the implications and consequences of adoption.

It also provides that a judge if necessary to resolve child delivery, and that parents should make arrangements passport infants and not third parties.

The lawyer

agreed with Urízar that the Executive is "falling" into illegality, and recalls: "People are not obliged to follow orders that are not based on law."

 Nevertheless, Josefina Arellano, the Directorate of Childhood and Adolescence of the Attorney General's Office (PGN), ensured that everything is in order.

"There are not incurred illegal, because the document bearing the State to introduce good practice guidelines contained only under existing laws," which, in some cases, were not respected, described Arellano.

She added: "There is a law creating or modifying any process, calling not only comply with the law of procedure, but with that benefit the child, and that regulations are in force."

These include the Convention on the Rights of the Child, in force since 1990, and the Law on Protection of Children and Adolescents, adopted in 2003.

JOSEFINA ARELLANO

PGN

The protocol will be announced on Friday by the vice-presidency, the Secretariat of Social Works of the Wife of the President and the Attorney General's Office, at a public event scheduled to take place in the National Palace of Culture.

It invited the international community, religious leaders and civil society organizations.

"It is striking that, upon learning of the public presentation, these statements are made, what the Government is seeking to enforce the law and promote the welfare of children," said Luis Felipe Polo, adviser to the vice-presidency

Cuadrito Gris En la mira 14-02-2007

Surge conflicto por protocolo de adopciones

Asociación privada objeta instructivo que promueve el Ejecutivo, el cual endurecería los controles.

Rodrigo Pérez, Siglo 21 | rperez@sigloxxi.com

Surge un conflicto jurídico por la elaboración del protocolo de buenas prácticas en el tema de adopciones, cuyo uso sería obligatorio para todas las dependencias del Ejecutivo involucradas en el proceso.

Éste sería presentado en público por las autoridades, con la idea de endurecer los controles en la entrega de infantes a padres no biológicos.

“Elaborar un código de buenas prácticas, con la intención de restringir derechos establecidos en las leyes vigentes, vulnera gravemente el principio de división de poderes, y hace incurrir al Presidente de la República en los delitos de usurpación de poderes y abuso de autoridad”, afirmó

, presidente de la

.

En su opinión, sólo el Congreso de la República tiene facultades constitucionales para legislar y cambiar los procedimientos legales existentes.

Advirtió también que interpondrán un recurso en la Corte de Constitucionalidad (CC) si dicho manual es puesto en práctica (lea: Presentación pública).

El protocolo manda, entre otras cosas, crear una base de datos de huellas dactilares de los menores y sus progenitores, independientemente de si es aprobada la entrega. Además, crear un grupo consultivo para que explique a los padres, sean estos mayores o menores de edad, las implicaciones y consecuencias de la adopción.

También establece que un juez de niñez resuelva si procede la entrega, y que los padres biológicos deban hacer los trámites de pasaporte de los infantes, y ya no terceras personas.

El abogado

coincidió con Urízar en que el Ejecutivo está “cayendo” en ilegalidad, y recuerda: “Las personas no están obligadas a acatar órdenes que no estén basadas en ley”.

Pese a ello, Josefina Arellano, de la Dirección de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), garantizó que todo está en orden.

“No se incurre en ilegalidad, porque el documento que lleva al Estado a presentar buenas prácticas no contiene más que lineamientos contemplados en leyes vigentes”, los cuales, en algunos casos, no eran respetados, expuso Arellano.

Y agregó: “No se está creando una ley ni modificando proceso alguno; se pide cumplir no sólo con la ley de tramitación, sino con las que beneficien al niño, y que son normativas vigentes”.

Entre éstas figura la Convención de los Derechos del Niño, vigente desde 1990, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, aprobada en 2003.

JOSEFINA ARELLANO

PGN

El protocolo será dado a conocer el viernes por la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y la Procuraduría General de la Nación, en un acto público programado para realizarse en el Palacio Nacional de la Cultura.

Se ha invitado a la comunidad internacional, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil.

“Llama la atención que, al enterarse de la presentación pública, se hagan estas declaraciones; lo que busca el Gobierno es que se cumpla la ley y promover el bienestar de los niños”, afirmó Luis Felipe Polo, asesor de la Vicepresidencia de la República.