ORDEN DEL DIA:
Comparecencias para informar sobre la materia objeto de estudio de la Comisión:
--Del Presidente de ADECOP, Entidad Colaboradora de Adopción Internacional, don Miguel Góngora Bernicola. (Número de expediente 715/000331).
--Del Director General de la Familia, Menor y Adopciones de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana, Ilmo. Sr. D. Agustín Domingo Moratalla. (Número de expediente 713/000731).
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
Comienza la sesión.
En primer lugar, me gustaría saber si han leído el acta de la sesión anterior y si están de acuerdo con ella o hay alguna objeción. (Pausa.) Queda aprobada.
En este momento sólo están los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular pero suponemos que, a lo largo de la tarde, irán incorporándose el resto de los portavoces, porque esta tarde también hay Comisión de Entes Locales, Comisión de Infraestructuras, Comisión de Prostitución y Comisión de Inmigración.
--COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL, DON MIGUEL GONGORA BERNICOLA (715/000331).
La señora PRESIDENTA: Quisiera dar la bienvenida don Miguel Góngora Bernicola, presidente de ADECOP, que es una Entidad Colaboradora de Adopción Internacional con presencia en muchas comunidades autónomas de toda España y, concretamente, en la Comunidad Valenciana, a través de la cual se le ha solicitado su presencia.
El presidente don Miguel Góngora Bernicola va a tener aproximadamente media hora de exposición y después habrá un coloquio para que responda a las preguntas de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias por su presencia.
También tenemos entre nosotros como asistente y, posteriormente, como compareciente al director general de la Familia, Menor y Adopciones de la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valencia, don Agustín Domingo Moratalla, al que también quiero dar la bienvenida y agradecerle su presencia en esta Comisión.
Tiene la palabra el señor Góngora Bernicola.
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer su invitación de comparecencia a esta Comisión sobre Adopción Internacional que, sin duda, va a contribuir con sus objetivos a mejorar los procesos a cuyo estudio dedica, tanto en lo que se refiere a protección de la infancia como a la tramitación de la demanda de adopción por ciudadanos españoles.
ADECOP, Asociación de Cooperación con el Pueblo Colombiano, en su origen fue constituida e inscrita el 14 de diciembre de 1993. Sus fines, según el artículo 4 de sus estatutos, son la cooperación con las autoridades españolas y de aquellos países que hubieran ratificado el Convenio para la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993 (en adelante Convenio de la Haya), o en su defecto que mantengan relaciones diplomáticas con España, así como la participación en proyectos de colaboración con organismos públicos de dichos Estados para la defensa y la protección de la infancia.
ADECOP en la Comunidad Valenciana fue acreditada por resolución de la Dirección de Servicios Sociales como entidad colaboradora el 20 de enero de 1995 y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con fecha 29 de marzo del mismo año. Fue la primera entidad acreditada para mediar en adopción internacional por una comunidad autónoma española y por un país extranjero.
Posteriormente, solicitamos la acreditación para realizar tramitaciones con varios Estados más, siendo habilitados tanto en la Comunidad Valenciana como en los países de origen de los niños. Así, Perú nos acreditó el 26 de julio de 1996; Rumanía el 13 de noviembre de 1997; Bolivia el 26 de agosto de 1998; y la Federación de Rusia el 9 de julio de 2001. Hay que significar que en todos estos países fuimos la primera organización española acreditada con habilitación para mediar en procesos de adopción por parte de ciudadanos españoles.
Simultáneamente, fuimos constituyendo Asociaciones con personalidad jurídica propia en otras comunidades autónomas: Euskadi, Extremadura, Madrid, Murcia, Andalucía y Canarias, solicitando y obteniendo para ellas la acreditación como entidades colaboradoras de adopción internacional.
En otras comunidades la acreditación fue formulada como tal entidad colaboradora dependiente de la personalidad jurídica de la asociación en la Comunidad Valenciana: Galicia, Cantabria, Castilla-León, Aragón y Castilla-La Mancha.
Las asociaciones ADECOP de las distintas comunidades autónomas españolas se encuentran agrupadas dentro de la Federación de Asociaciones de Adopción Internacional, entidad con personalidad jurídica propia y debidamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.
El fundamento y objetivo de esta Federación es eminentemente práctico, pues significa univocidad de directrices, costes y métodos de trabajo.
Además, los representantes en el extranjero son comunes, así como la dirección y representación última en nuestro país. Todo ello se materializa en una evidente economía, tanto procedimental como de costes, y lo que es más importante, en una mayor fuerza representativa a la hora de entrevistarnos con las autoridades competentes de los países de origen de los niños.
Voy a adelantar algunos datos para que puedan conocer sus señorías el volumen de ADECOP. El número de socios de las diferentes asociaciones asciende a 1.395; el número de tramitaciones, desde sus comienzos, a 3.664; el número de tramitaciones en vigor a 1.421; el número de expedientes tramitados y adoptados, a 1.406; el número de bajas antes de culminar la adopción a 837; y, por fin, el número de niñas y niños adoptados a 1.611.
El marco jurídico de las asociaciones ADECOP es el artículo 22 de la Constitución Española y la vigente Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Creo firmemente que el marco jurídico descrito es el adecuado y el idóneo y que cumple fielmente lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio de la Haya.
Las llamadas ECAI no son, a nuestro modo de ver, entidades jurídicas diferenciadas, sino competencias atribuidas por la autoridad central a asociaciones o fundaciones que contengan en sus principios de actuación y estatutos fundacionales determinados objetivos, competencias recogidas en el artículo 9 del Convenio de la Haya y en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor. Sólo podrán ser acreditadas aquellas entidades sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos la finalidad de la protección del menor.
Disculpen sus señorías, pero hago referencia a esto precisamente porque he percibido una cierta confusión, que incluye el requerimiento de un marco jurídico propio, diferente a toda la regulación vigente. Permítanme un ejemplo ilustrativo: a la Cruz Roja se le encomienda habitualmente el salvamento y socorrismo de nuestras playas, firmando los correspondientes convenios con ayuntamientos y administraciones
autonómicas, pero no por ello la Cruz Roja es una entidad de salvamento.
A mayor abundamiento, en una comunidad autónoma se le ha encargado a la Cruz Roja la confección de los informes psicosociales preceptivos para obtener el certificado de idoneidad necesario en una solicitud de adopción internacional, pero por ello no es una entidad de informes psicosociales.
En resumen, lo que quiero decir es que la acreditación de una entidad sin ánimo de lucro como colaboradora de adopción internacional significa solamente el desarrollo de un conjunto de funciones más a desarrollar por dicha entidad.
Por otra parte, se ha de cumplir escrupulosamente con la ley de asociaciones (o fundaciones en su caso), por lo que anualmente se celebran asambleas con los asociados, donde se presentan las cuentas anuales, los presupuestos, el informe de gestión y, si es necesario, se ponen a disposición los cargos de la Junta Directiva, eligiéndose democráticamente la nueva junta. Por tanto, son los asociados los que aprueban en última instancia la gestión de la asociación a la que pertenecen, otorgando a la Junta Directiva el mandato de cómo debe realizar la gestión.
De las competencias de las entidades acreditadas como colaboradoras en adopción internacional podemos decir que están tasadas tanto por el artículo 9 del meritado Convenio de la Haya, como por el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996 y matizadas a modo de reglamento por los distintos decretos de acreditación de entidades de las distintas comunidades autónomas.
Antes de referirme a las competencias, me gustaría exponer brevemente las exigencias contenidas en el artículo 11 del Convenio de la Haya en relación a las organizaciones acreditadas para la adopción internacional:
perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes que las hayan acreditado; ser dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia en el campo de la adopción internacional; estar sometidos a las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera.
El artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añade además que sólo podrán ser acreditadas aquellas entidades sin ánimo de lucro inscritas en los correspondientes registros, que tengan como finalidad en sus estatutos la protección de menores y dispongan de los medios materiales y equipos multidisciplinares necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Por nuestra parte, y en base a nuestra experiencia, añadiríamos que la transparencia en todo el proceso, tanto de información como de repercusión de costes, así como la fluida comunicación con las autoridades centrales, tanto de España como del país de origen del niño o niña, son fundamentales para el buen funcionamiento de la entidad.
Profundizando ya en las funciones que las entidades acreditadas pueden desarrollar, el artículo 9 del Convenio de la Haya y el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, les asignan las siguientes: información y asesoramiento a los interesados en materia de adopción internacional; intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras; asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopción en los trámites y gestiones que deben realizar en España y en el extranjero.
Por su parte, las comunidades autónomas, en sus correspondientes decretos de acreditación de entidades, matizan a modo de reglamento las funciones legalmente establecidas. Dichas funciones son taxativas, no enunciativas.
Es decir, podemos realizar como entidad acreditada las funciones que nos encomiendan, pero nada más. Como condición indispensable, nuestro servicios no comienzan hasta que hayamos recibido el certificado de idoneidad emitido por los servicios sociales competentes, debiendo informar sin ningún compromiso por su parte a los demandantes de adopción.
Las actuaciones realizadas como asociación --diferentes de las funciones de la ECAI-- siempre, y repito siempre, se efectúan en nombre de la asociación y son ajenas, en cualquier caso, a las tramitaciones de expedientes de solicitud de adopción, encontrándose por tanto absolutamente desligada la actividad realizada como asociación de la actividad como entidad colaboradora.
No quiero cansar a sus señorías con la lectura de los artículos de los diferentes decretos de acreditación en cuanto a competencias de las entidades mediadoras de adopción, quedando a su disposición para matizarles, si lo desean, las actividades que podemos y las que no podemos realizar.
Nuestro trabajo comenzó en el año 1993 con el objetivo inicial de constituir una asociación de padres y futuros padres interesados o afectados por una adopción internacional, motivados por el hecho de que mi mujer y yo, tras cuatro años de papeleo, habíamos conseguido adoptar a nuestros hijos en Colombia. No tuvimos la suerte de otros con los papeles, pero sí la gran fortuna de recibir a los hijos que tenemos.
Nosotros pensábamos en aquel entonces que éramos los únicos que habíamos ido a otro país a adoptar, pero comencé a recibir en mi despacho profesional muchas familias interesadas en iniciar un proceso similar al que yo había concluido.
Tras constituir la Asociación, el país en el que podíamos ayudar a otras personas a tramitar su adopción era Colombia. Conocíamos el procedimiento, a los responsables del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) por nuestra adopción previa, conocíamos la legislación, así que dos miembros de la Junta Directiva viajamos a Colombia a entrevistarnos y a obtener mayor información desde la Dirección General del ICBF.
Permítanme un inciso para resaltar la labor de un Estado concreto:
Colombia. Siempre ha sido la nación que con mayor seriedad, transparencia y pulcritud ha tramitado y tramita los procesos de adopción, tanto nacional como internacional. Aquel viaje sirvió para que aprendiéramos mucho; conocimos la importancia de los informes psicosociales, de los talleres de formación y, sobre todo, nos enseñaron qué es una entidad de adopción, cuáles son sus funciones y cómo deber ser su representante. El representante de una entidad española en el país de origen de los niños debe ser una persona
íntegra en el concepto más amplio de la palabra, con conocimientos suficientes de la legislación del país en materia de protección de la infancia, que sepa desenvolverse dentro de lo que es un procedimiento de adopción, tanto en su dimensión administrativa como judicial, con dotes humanas para ayudar a los solicitantes y a los niños y resolutivas a la hora de enfrentarse con las muy diversas situaciones que cada proceso de adopción depara, ya que cada uno es diferente al anterior, al ser sus protagonistas elementos humanos, padres y niños, con una carga emocional muy importante. Además, debe de contar con el respaldo de la autoridad central ante la que nos va a representar.
Además de sus relaciones con las autoridades del país de origen, debe relacionarse con la administración de destino a través de los consulados que nuestro país tenga en aquél. Son precisamente estos consulados los que de manera indirecta controlarán el quehacer diario del representante, tanto por las informaciones recibidas desde la propia administración del país de origen, como por los comentarios de las familias, cuya última visita antes de regresar a España con sus hijos será al consulado. Debe informarnos puntualmente de la marcha de cada uno de los expedientes y, por supuesto, de los cambios de legislación o procedimiento que se produzcan en el país. El representante tiene que seguir en todo momento las indicaciones dictadas desde la dirección de la asociación en nombre de la que actúa en cuanto a la materialización de su gestión. Lo descrito no puede realizarse sin que la Entidad colaboradora mantenga un contacto directo y constante con el representante y con la administración competente del estado de origen del menor, y todo ello previamente a haber obtenido la acreditación para poder mediar en aquel país.
Existen Estados, y me refiero siempre a aquellos con los que ADECOP intermedia en adopción, que exigen una evaluación previa de sus representantes, como es el caso de Perú. Otros obligan a que sea una persona jurídica y no física la que ejerza la representación, como es Rumanía. Y en otros, tanto la asociación base de la ECAI como el representante deben someterse a la investigación efectuada por parte de diferentes ministerios, como es el caso de Rusia. En resumen, el representante es elegido o seleccionado por la asociación de forma personal y directa, pero contando con el beneplácito de la autoridad central del país de origen de los niños y ajustándose a lo dispuesto en este aspecto a su legislación.
Antes de comenzar a relatar las actividades y trabajos desarrollados en un proceso de adopción, me gustaría informar a sus señorías de los rasgos característicos del perfil de las familias que han tramitado sus solicitudes de adopción a través de ADECOP.
No estamos de acuerdo en absoluto con las afirmaciones vertidas en esta sala por algún compareciente, puesto que ni todos los que adoptamos somos ricos, ni tenemos todos estudios universitarios.
Los datos que a continuación les voy a facilitar han sido extraídos de los expedientes de solicitud de adopción, por tanto son totalmente fiables, correspondiendo la muestra a la totalidad de los expedientes tramitados. Grupos de edades: entre 25 y 34 años, el 36 por ciento; de 35 a 44 años, el 47 por ciento, y mayores de 45 años, el 17 por ciento. Por lo que se refiere a ingresos por unidad familiar, inferiores a 12.020 euros, el 23 por ciento; entre 12.020 y 24.040 euros, el 35 por ciento, y superior a 24.040 euros, el 42 por ciento. Y en cuanto a nivel de estudios, estudios primarios, el 26 por ciento; estudios secundarios, el 31 por ciento, y estudios universitarios, el 43 por ciento. Podemos concluir que la adopción internacional está siendo solicitada y llevada a término por todo tipo de ciudadanos, sin que los ingresos, edad o nivel educativo supongan elementos de exclusión. Por tanto, cualquier ciudadano español puede acceder a la adopción internacional.
Las actividades que las entidades de adopción realizamos con los solicitantes se centran en cuatro puntos: información, formación, tramitación y seguimiento. Todo ello de acuerdo y en función de la legislación que con anterioridad he citado.
Cuando los futuros solicitantes nos visitan por primera vez, les informamos de las características, trámites, procedimiento y coste de los países donde estamos acreditados, remitiéndolos seguidamente a los servicios sociales de su comunidad autónoma, donde les informarán de qué alternativas tienen, a dónde pueden dirigir su solicitud, qué entidades acreditadas existen, en su caso cuándo deben asistir a los talleres de formación previos y, por último, en qué momento comenzarán los trabajos para la realización del informe psicológico y social.
Las familias eligen libremente la ECAI que desean para tramitar su expediente, o bien intentarán efectuar la adopción por libre a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si el país de origen escogido lo permite. En nuestro caso, hasta que la entidad elegida no recibe de los servicios sociales competentes el certificado de idoneidad, no podemos repercutir ni cobrar ningún gasto a los solicitantes. Sólo tras haber recibido dicha documentación y, posteriormente, firmado el contrato de prestación de servicios --del que después hablaré--, se puede empezar a trabajar con la familia.
Antes de asistir a los talleres de formación, los solicitantes preparan la documentación requerida por el país de origen elegido. Una vez reunida, se legaliza y se remite al representante del país de origen, que nuevamente realiza las preceptivas legalizaciones en función de lo allí normativizado y, en su caso, traduce la documentación, presentándola ante la autoridad central. A partir de ese momento, el representante hará un seguimiento de la solicitud comunicándonos cuantas incidencias puedan surgir y nosotros comenzaremos los talleres de preparación con los futuros padres.
Una vez que la autoridad central del Estado de origen elegido efectúa la preasignación de un niño o niña para los demandantes, entrega el expediente al representante que nos lo remite para que nosotros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 apartado c) del Convenio de la Haya, le demos traslado a los servicios sociales de la comunidad, al objeto de que preste su conformidad antes de informar a la familia.
Recibida en la ECAI la aceptación por parte de la comunidad autónoma, se informa a la familia y se le proporciona
la documentación recibida para que estudie la preasignación efectuada y tome su decisión, aceptándola o rechazándola. Los solicitantes pueden pedir aclaraciones o ampliaciones sobre algún extremo recogido en los informes médicos, psicosociales, etcétera, que nosotros haremos llegar al representante para que, a su vez, lo solicite a la autoridad central del Estado de origen del niño.
Aceptada la asignación por la familia, se envía al país y, concluido el procedimiento administrativo previo, nos comunican la cita del proceso judicial. Los demandantes viajan al país, donde son recibidos y acompañados por el personal de la representación en todos los actos del proceso, tanto administrativo como judicial, solucionando también si así lo desean sus problemas de alojamiento y transporte, al objeto de facilitar al máximo a los futuros padres el viaje que les llevará a culminar su adopción.
Concluido el proceso judicial, el personal de la representación de ADECOP acompañará a la familia al consulado español, que inscribirá y registrará en su Registro civil y proporcionará pasaporte español o, en su caso, el visado de entrada en nuestro país al nuevo miembro de la familia.
Para terminar el proceso de adopción, bien desde la entidad, bien desde los servicios sociales de la comunidad, se efectuarán los preceptivos informes de seguimiento que tenga establecido el país de origen del niño, remitiéndolos al representante para su presentación ante la autoridad correspondiente.
Esta es en rasgos generales la descripción de un proceso a seguir en un trámite de adopción, dejando a salvo las peculiaridades que la legislación de cada Estado otorga al procedimiento administrativo y judicial, en las que no voy a entrar en este momento, pero que determinan variaciones sobre los rasgos generales señalados.
Desde que comenzamos en el año 1995 a tramitar solicitudes de adopción, nuestra principal preocupación, compartida con las autoridades de los países de origen de los niños, fue la formación de los solicitantes para la adopción internacional. Por ello, instauramos una serie de talleres de formación cuyo contenido pretende abarcar el conjunto de conocimientos que una familia deber tener, así como el compromiso personal que supone el propio hecho de la adopción. En los talleres se informa y se trabaja con los solicitantes a fin de que comprendan e interioricen una serie de cuestiones, que paso a resumir. En primer lugar, la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no la puede encontrar en su país de origen. Por tanto, y fundamentalmente, es un remedio en la lucha contra el abandono. Además, con la adopción nace una nueva relación que se fundamenta en el bien superior del niño y no en los derechos de los padres. El nuevo vínculo compromete a ambas partes de manera incondicional, irreversible e irrevocable. Por tanto, adoptado y adoptante serán hijos y padres para siempre. No es el amor recíproco lo que fundamenta la relación entre ellos en principio, si no que los lazos afectivos surgirán con el tiempo.
Los solicitantes de adopción inician, algunos sin saberlo, un proceso de entrega, de donación; pretenden entregarse como padres a alguien de quien no saben nada; buscan un receptor en principio anónimo para esa donación.
A priori sólo se les exige el cumplimiento de la legalidad vigente, pero deben conocer que las consecuencias derivadas del proceso son irreversibles, serán padres para siempre.
Los humanos tenemos ideales con respecto a nuestros objetivos. Los solicitantes de adopción suelen tener formado un ideal del hijo que esperan: edad, raza, sexo... Nuestra obligación es trabajar esa ensoñación y casi destrozársela, ya que su futuro hijo, con toda seguridad, no satisfará plenamente esas expectativas.
Tenemos, pues, en los talleres un duro trabajo, simultáneo al proceso administrativo, que no es otro que conseguir que los solicitantes renuncien a sus sueños. Deben, pues, asumir que la paternidad es aceptación más que imposición, asunción de la realidad y no realización de fantasías. Debemos asegurarnos de que lo que realmente quieren es ser padres, que su búsqueda no oculta otras carencias o deseos ocultos tras el convencimiento de que con la paternidad se verán resueltas. La necesidad lleva generalmente a los solicitantes a quererlo todo y a quererlo ya. Por tanto, nos corresponde la tarea de madurar con ellos y que el tiempo de espera sea aceptado como necesario para esa evolución. Y todo ello sin que se desvanezca la ilusión. Esto es lo que los profesionales intervinientes en el proceso de formación trabajan, intentando que los adoptantes lo entiendan y lo exterioricen. Se trata, pues, de que reflexionen sobre su decisión de ser padres y de prepararlos para conseguir que el encuentro sea de lo más apacible, amortiguando los miedos de una parte y de otra. Si conseguimos esa formación, con toda seguridad el proceso de adopción culminará sin contratiempos.
Para finalizar, hemos de informar a sus señorías de que las preasignaciones de niños y niñas las efectúa siempre la autoridad central del país o, como en el caso de Rumanía, la entidad autorizada por la autoridad central. Lo que hacen los representantes de las ECAI es remitir el expediente para su aceptación y nunca intervienen en este proceso. Es lo que sucede, al menos, con los países con los que ADECOP media en adopciones internacionales.
Mucho se ha hablado en esta comisión de los contratos de prestación de servicios y lo que he tenido la oportunidad de leer no se corresponde en absoluto con lo que hacemos en ADECOP. Los contratos de prestación de servicios constan de dos partes: unas condiciones generales y un anexo con las condiciones particulares de cada país. En las condiciones generales, además de recoger los datos de las partes intervinientes, se contiene el mandato que los solicitantes efectúan a fin de que ADECOP tramite su solicitud de adopción en un país concreto, manifestando que han recibido la información previa sobre el citado país, recogida en el anexo y que ya les fue entregada en su primera visita a la entidad a modo de información, sin ningún compromiso por su parte.
El clausulado estipula, básicamente, los servicios que ADECOP presta de acuerdo con los diferentes decretos de acreditación de entidades, así como la obligación de asistencia a los talleres de formación, ya que algún país obliga
a la entidad a certificarla y a los adoptantes a cumplir con el compromiso de los informes de seguimiento, remitiendo al anexo el precio de la contraprestación del servicio e indicando que los pagos se efectuarán siempre a través de entidad bancaria. También se especifica en el contrato que éste no entrará en vigor hasta haber recibido el correspondiente certificado de idoneidad y que la información y atención ofrecida con anterioridad a ello es totalmente gratuita para los adoptantes.
Cabe la mención de dos cláusulas, la 7ª y la 8ª, que son condicionantes para los solicitantes. Por una parte, se indica que si renuncian a su proceso de adopción tras haber sido remitida toda la documentación al país escogido inicialmente, no se le devolverá nada de las cantidades abonadas, pero tampoco deberán pagar nada más, quedando resuelto el contrato. Y por otra parte, la cláusula 8ª es una salvaguarda para el posible caso de que los equipos profesionales de la entidad detecten que los solicitantes no se encuentren adecuadamente preparados para la adopción, caso en el que, previo estudio por parte de los técnicos de ADECOP--psicólogos y trabajadores sociales-- visado por el correspondiente colegio profesional, se comunicará a los servicios sociales de la comunidad la negativa de ADECOP a continuar con la tramitación, efectuándose la correspondiente liquidación de los gastos ocasionados hasta ese momento, con la devolución de las cantidades sobrantes a los solicitantes afectados, remitiéndose el expediente a los servicios sociales de la comunidad.
En el anexo por países se contiene, en primer lugar, una presentación del país y de su legislación, identificando a la autoridad central. Tras ello, se describe la documentación a aportar, los requisitos y las condiciones establecidas para los solicitantes de adopción. Por último, se relata brevemente la labor de la representante en el país y se enumeran pormenorizadamente los costes.
Los costes, punto esencial del contrato, se encuentran divididos en tres apartados. Costes por los servicios de información, formación, asesoramiento y gestión del expediente, cantidad idéntica para todas las comunidades --a excepción, en la actualidad, de la Comunidad Valenciana, que tiene subvencionado el servicio-- y para todos los países con los que realizamos tramitaciones. El coste actual asciende a 1.502,53 euros.
Gastos de legalizaciones en España, que varían en función del país y de la documentación a aportar. Esta es la única cantidad en la que pueden surgir variaciones a lo largo de la vida del expediente, pues depende de los aranceles notariales y las tasas consulares. Los solicitantes abonan directamente las legalizaciones a través de talón bancario o transferencia, bien a los notarios, a los consulados o a las gestorías que lo tramitan en Madrid.
Gastos en el país. Son los gastos fijos que las familias deben atender por los conceptos que separadamente se señalan. Al igual que en España, los únicos gastos que pueden variar son las tasas de legalización. El resto de los gastos son fijos y la familia los abona directamente al representante en el caso de los países sudamericanos, o bien a través de transferencia bancaria, para los países del este, al objeto de aumentar la transparencia del proceso. Los solicitantes deben abonar estos gastos en dólares americanos, moneda admitida como medio de pago común en todos los países.
Además, los solicitantes abonarán por su cuenta los gastos de alojamiento y transporte, así como los informes de seguimiento que cada país elija, al coste de 60,10 euros, a pagar cuando se les realice el informe.
Para no cansar a sus señorías, ya que me he extendido demasiado, aunque aporto todos los modelos de anexos, voy a detenerme únicamente a analizar el de coste más económico y el más costoso.
Colombia es un país en el que prácticamente su autoridad central, el ICBF es el legalmente encargado de preparar y tramitar todo el expediente. Por tanto, la familia únicamente deberá abonar los gastos del abogado que le presente la demanda judicial, al margen de las legalizaciones y tasas aeroportuarias. El total de gastos de una solicitud de adopción en Colombia sería el que sigue: 1.502,53 euros en España; más 510,86 euros de legalizaciones; en Colombia los gastos convertidos en euros serían: de honorarios de abogados, 897,6 euros; traslado del representante, 168,3 euros; tasas y legalizaciones, 112,2 euros; otras tasas y tasas aeroportuarias, 187,37 euros. Además del coste de dos seguimientos, 120,20 euros. Por lo que el total de una adopción en Colombia es de 3.499,06 euros, o sea, 582.195 pesetas.
En el caso de Rusia, los costes de ADECOP son los mismos, pero varían los gastos a abonar en aquel Estado. Se detallan por los siguientes conceptos: traducción del expediente, 1.683 euros; intérprete y acompañamiento, 1.683 euros; traslados, transfer y recogida del aeropuerto, 1.458,6 euros; tramitación de documentos, gestión y legalización, 2.692,80 euros; gastos corrientes, 448,80 euros; ayuda humanitaria al orfanato, 561 euros; y cuatro seguimientos, 240,40 euros.
Lo que supone un total de 10.480, 48 euros, o sea, 1.743.805 pesetas.
Todas estas cantidades que ADECOP indica en el contrato, como he dicho antes, no van a sufrir variación alguna durante la vigencia del mismo y quedan garantizadas por una póliza de responsabilidad civil suscrita con una compañía de primer orden.
Antes de firmar ningún contrato, debe ser autorizado tanto por los organismos competentes de las comunidades autónomas españolas, como por las autoridades centrales de los países de origen del niño, para que de acuerdo con las normas del Convenio de la Haya no pueda existir la posibilidad de beneficios indebidos para nadie.
No acierto a entender cómo se puede afirmar de forma generalizada que una adopción internacional ronda los 30.000 euros, puesto que, como queda patente en el caso de ADECOP, ninguna cifra se asemeja ni mínimamente a este importe.
Me gustaría añadir que en situaciones especiales, como es y ha sido el problema de Rumanía, la Asamblea de socios de ADECOP aprobó una propuesta autorizando a la ECAI para que a los solicitantes que así lo desearan se les tramitase otra solicitud en cualquiera de los países en los que estamos acreditados, sin abonar nuevamente los gastos de ADECOP en España, previa emisión del correspondiente
certificado de idoneidad para ese nuevo país por las autoridades autónomas competentes. Por tanto, todas las familias que han decidido cambiar su solicitud, sólo han tenido que hacer frente a los gastos del país de origen.
Lo que hace posible este coste en las adopciones que tramitamos desde ADECOP es precisamente el estar federadas todas las entidades que prestamos servicio en las 12 comunidades autónomas, con reducción de gastos de representantes, mensajería, teléfono, gastos corrientes, etcétera, en España. En el extranjero, al tramitar un mayor número de adopciones en un país, podemos conseguir que los profesionales, traductores, intérpretes, etcétera, que prestan el servicio a los adoptantes, ofrezcan unos honorarios más reducidos que si de una adopción individual se tratara.
Además del compromiso de seguimiento que emite la autoridad central española, las entidades de adopción contraemos la obligación con los países de origen de los niños de remitir un determinado número de seguimientos de cada una de las adopciones concluidas. Los informes de seguimiento posibilitan el hecho de conocer la evolución de la familia y detectar si es necesario un apoyo psicológico y/o social para que se perfeccione la integración. Además, la propia administración española en algunas comunidades ha comenzado a trabajar con un sistema de apoyo postadoptivo, como es el caso de la Comunidad Valenciana.
En ADECOP, cuya andadura en la adopción internacional comenzó en el año 1995, hemos realizado un total de 3.243 seguimientos. Hay niños que cuando se adoptaron en el año 1995 tenían ya ocho o diez años, por lo que en la actualidad se encuentran en plena adolescencia.
Se ha escuchado en esta comisión que el 10 por ciento de los niños adoptados no se han adaptado bien por falta de preparación de los padres o por otros motivos indeterminados. El caso es que se ha afirmado que el 10 por ciento de las adopciones internacionales ha fracasado. Estos no son los datos que manejamos en ADECOP, puesto que desde nuestros inicios podemos hablar únicamente de tres fracasos, y me encuentro en condiciones de afirmar, remitiéndome al contenido de los informes de seguimiento presentados antes los servicios sociales de las respectivas comunidades, que el fracaso no puede ser imputable a los niños, sino a una valoración defectuosa de los solicitantes y a su falta de preparación. La cifra real de porcentaje de fracaso es, por tanto, de un 0,19 por ciento de las adopciones culminadas, obtenido sobre el número de adopciones tramitadas por ADECOP.
Somos conscientes de que pueden surgir problemas de integración y de que el número de fracasos puede incrementarse con el tiempo, pero la base para que esto no suceda es un concienzudo trabajo de preparación con las familias, y nosotros somos responsables de esta preparación.
Por último, y antes de hablar sobre Rumanía, me gustaría aportar alguna cifra más. En ADECOP en España trabajan y colaboran un total de 47 personas entre técnicos y profesionales. En Sudamérica tenemos 7 profesionales, además de los abogados de cada región en Colombia. En Rumanía, la fundación que nos representa tiene a su servicio 17 profesionales y en Rusia el equipo de la representación está formado por 42 personas entre traductores, intérpretes, conductores, coordinadores en las regiones y el personal de la representación en Moscú.
Los tiempos medios de espera para una adopción son al día de hoy, en Rusia 7 meses, en Colombia 14 meses, en Rumanía 15 meses antes del cierre, en Perú 18 meses y en Bolivia 8 meses.
Una vez terminada la adopción, remitimos a los adoptantes sin ningún compromiso por su parte una encuesta de satisfacción, cuyos datos más relevantes son: muy satisfechos con en el proceso de adopción a través de ADECOP, un 52 por ciento; satisfechos, un 41 por ciento; poco satisfechos, un 4 por ciento; insatisfechos, un 2 por ciento; y no contesta un 1 por ciento. Por los servicios prestados por el personal de ADECOP, nos dicen: muy bueno, un 42 por ciento; bueno, un 44 por ciento; a mejorar, un 12 por ciento; malo, un 1 por ciento; y no contesta, un 1 por ciento. Y en cuanto al cumplimiento de la información facilitada, nos dicen: siempre, un 52 por ciento; a veces, un 41 por ciento; casi nunca, un 4 por ciento; nunca, un 1 por ciento; y no contesta, un 2 por ciento.
Voy a depositar en la mesa de la comisión toda la información sobre estos datos que les he facilitado.
Las entidades de adopción debemos mantener con las administraciones una relación de transparencia, colaboración y fidelidad que constituyen los elementos fundamentales de la acreditación y de la gestión. La entidad pasa a configurarse en esta relación como elemento fundamental de mediación y filtro, el canal a través del cual llega la información de una a otra administración, ampliándola o confirmándola cuando fuere necesario. La precariedad de medios técnicos y humanos de muchas de las administraciones de origen de los niños convierten en muchas ocasiones en fundamental a la entidad acreditada. Pero a veces pueden surgir conflictos. La administración necesita a las entidades acreditadas, pero el poder y las potestades son de ella. Algunos sujetos concretos de la administración perciben como intromisión o como órdago a su poder las actuaciones de las entidades acreditadas. Estos individuos ignoran la responsabilidad que tenemos en el proceso, ya que somos los elementos externos que mayor proximidad y contacto tenemos con los protagonistas de la adopción: solicitantes y futuros hijos.
Dentro de este último grupo de administraciones podemos mencionar a la Comunidad Autónoma de Madrid, en concreto al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, cuya actitud hacia las entidades mediadoras dista mucho de poder ser calificada como colaboración, y esta afirmación no es precisamente por la actitud hacia ADECOP. En contra de la opinión manifestada por la mayoría de las entidades habilitadas en esta Comunidad, el talante descrito está a punto de convertirse en norma, puesto que un nuevo modelo de Decreto que está pendiente del visto bueno del Consejo de Estado nos sitúa a las ECAI muy lejos de todo lo bueno descrito. Cualquier profano que desconozca lo que es una entidad colaboradora, a la vista de la futura norma, concluiría que existen en ellas beneficios millonarios encubiertos. No sólo establece límites que podrían ser considerados lógicos, obligando a cada entidad a suscribir
un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles conflictos en el ejercicio de nuestra actividad, sino que normativiza la exigencia de constituir un fondo de depósito, sin regular su utilización ni objetivo, que podría ascender a varios miles de euros. Piensen sus señorías lo que la cantidad en cuestión significa para una entidad sin ánimo de lucro.
Nosotros nos planteamos de dónde saldrá esa suma cuando, para rematar, el mismo texto legal prohíbe que la asociación base de la ECAI reciba donaciones de solicitantes de adopción y de sus familiares, ni durante la tramitación ni hasta dos años después de haberse concluido ésta.
Recuerden sus señorías que la ECAI es sólo un conjunto de funciones dentro de una asociación, cuyo objetivo es la protección de la infancia en abandono, desarrollando al margen de la adopción proyectos de colaboración que se financian, entre otras vías, a través de las cuotas de los asociados, y sin aludir a que lo descrito contraviene una norma de rango claramente superior, cual es la Ley Orgánica de Asociaciaciones, 1/2002, de 22 de marzo.
Manifestando y alegando en el trámite preceptivo todo lo expuesto a la Administración referida, su respuesta ha sido la ratificación, en principio, de muchos de los extremos, incluido un artículo en el que se contraviene de forma manifiesta la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, al intentar impedir el conocimiento a los solicitantes de la existencia de una preasignación si el Instituto Madrileño del Menor y la Familia no está conforme con la misma, negando por tanto al administrado su derecho, no sólo a conocer dicho suceso, sino a recurrir una resolución administrativa si así lo decidiese. Concluyo con esto los ejemplos, puesto que todo el texto normativo en cuestión debería ser enmarcado como modelo del principio de «comodidad administrativa». Sin embargo, al margen de la autoridad central mencionada, la tónica general hasta el momento es de una relación cordial, fluida y de absoluta colaboración con todas las demás, tanto en España como en los países de origen del niño.
No puedo terminar sin hablar de Rumanía. Desde la Federación de Asociaciones que componen ADECOP se han tramitado en Rumanía 1.342 expedientes de adopción, habiéndose culminado 560. Cuando en el mes de junio el Comité Rumano para la Adopción dictó una resolución cerrando la entrada de nuevas solicitudes, ADECOP tenía pendiente 800 expedientes de los 1.200 que había en España. Sin embargo, habíamos detectado que desde comienzos del año 2001 no se estaban produciendo asignaciones para las solicitudes, por ello en julio de ese mismo año dirigimos como Asociación un escrito a la presidenta del Senado solicitando su autorización para que el senador don José Macías nos acompañara a Rumanía. Nuestra representante en Rumanía nos preparó el viaje para finales de agosto de ese año, concertando entrevistas al más lato nivel con el Vicepresidente del Senado rumano, con el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso rumano, con el consejero de la Presidencia de la República, Octavian Stireanu, y con la presidenta de la Autoridad Nacional para la Protección del Niño y la Adopción, señora doña Gabriela Cuman. Todos ellos nos informaron que el paquete legislativo de protección de menores y de la adopción estaba prácticamente terminado y que en los próximos meses entraría en vigor. Contrariamente a lo dicho, en el mes de octubre el presidente del Gobierno rumano dictó una moratoria donde suspendía todo proceso judicial y administrativo de las adopciones extranjeras.
Ante esa situación, familias con niño con sentencia judicial de adopción firme, familias con niño asignado y familias sin asignación quedaron en suspenso en Rumanía y a expensas de la actuación del Gobierno de ese Estado. El senador Macías viajó de nuevo a finales de noviembre de 2001, con ocasión de la visita del presidente Aznar, consiguiendo el desbloqueo de las familias con sentencia judicial firme, que regresaron a España con sus hijos. En el mes de febrero de este mismo año, se hizo una campaña de recogida de firmas entre algunas de las entidades que mediamos en Rumanía para solicitar al presidente del Gobierno su intervención; se recogieron 114.374 firmas que se entregaron al senador Macías, que ha seguido trabajando conjuntamente con el eurodiputado, señor Gil Robles, a quien también damos las gracias por su apoyo.
No entendemos muy bien la actuación del Gobierno rumano y, por supuesto, de la señora doña Emma Nicholson. Parecen haber olvidado por completo a los niños y la situación extrema en la que viven en los orfanatos, situación que vivió el senador Macías en su viaje a Bucarest.
Cualquier mejora legislativa, procedimental o de protección es bienvenida y no sobra en esta materia, pero los procesos de adopción en los que han intervenido ciudadanos españoles siempre han sido transparentes y con los gastos absolutamente equilibrados, como podrán comprobar por el anexo de costes de Rumanía. Si se han dado beneficios indebidos, deben ser denunciados con nombre y apellidos y dejar que la justicia intervenga. En otros casos, algún país con el que mediamos ha suspendido la recepción de nuevas solicitudes, pero respetando las presentadas antes del cierre y procediendo a la preasignación de menores para dichos solicitantes.
Creemos que Rumanía debería haber respetado los derechos de los solicitantes, de acuerdo con las normas del Convenio de la Haya y de la propia legislación rumana, y no me refiero al derecho a la adopción, del que únicamente son titulares los niños, sino al derecho a la tramitación, ya que los expedientes de solicitud fueron presentados encontrándose vigente una legislación y, al parecer, van a ser estudiados y resueltos en base a otra.
Solicitamos, por tanto, el apoyo de esta Comisión para las familias españolas afectadas por la situación descrita.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Góngora.
Esta presidenta se ve precisada a señalar, antes de dar la palabra a los portavoces, que, sin negar la labor del senador Macías, todas las gestiones que ha realizado desde que se constituyó esta Comisión son debidas a la misma y a su creación por parte de la Cámara Alta a petición unánime de todos los grupos parlamentarios, sabiendo que es una necesidad
y un problema que afecta a muchas familias españolas.
Tiene la palabra, para que realice las preguntas que le parezca conveniente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, senador Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Góngora, por su extensa y también rápida intervención.
Hace muchos años que no voy a clase y me he visto impedido para tomar nota de muchos de los datos que ha dado, por tanto, hubiera sido más útil para todos si hubiera llegado un poco antes esta documentación, porque tengo aquí una cantidad de números con anotaciones al lado que ya no sé ni lo que quieren decir. Por tanto, no voy a entrar en todas estas cuestiones, sino que le voy a preguntar algunas cosas.
La figura de ADECOP me tiene un poco confuso. Hasta ahora, yo entendía que las entidades colaboradoras en adopción internacional que están dentro de la legislación tenían la estructura de una entidad mediadora y sin ánimo de lucro pero ADECOP, aparte de eso, pertenece a una asociación y la asamblea de asociados es la que da respaldo a la gestión general de la asociación en la que está incluida la ECAI. De hecho, en el caso de Rumanía, la propia asamblea de asociados autorizaba a la ECAI a tramitar en otros sitios a nivel nacional sin cobrar los gastos. Por tanto y desde mi punto de vista, esta figura es un poco extraña porque no cuadra con el concepto que yo tengo de la estructura de la adopción internacional en España. Y no sólo por de ser una asociación con una ECAI perteneciente a la asociación, que es lo que yo he entendido, sino también por el hecho de que ADECOP esté representada en un importante número de autonomías.
Esto corresponde a dos cuestiones. En primer lugar, me pregunto si está mal organizado el esquema de la adopción internacional en España y se requiere esa figura ficticia para que ADECOP tenga una asociación en cada autonomía y que, al final, se federen y sean una sola ADECOP --me imagino que funcionará como una sola entidad--. En definitiva, esto parece una adaptación a una estructura que requiere esta figura no adecuada para poder funcionar en todos los sitios. Aunque usted ha hecho la glosa de las ventajas que tiene esta superestructura, esto responde a que se han tenido que adaptar a una estructura prevista en la legislación que si no estuviera hecha así, habría permitido crear entidades de nivel nacional que hubieran sido más eficaces y más potentes. Por tanto, me gustaría que en este sentido nos dijera si considera que la estructuración actual es la correcta y cómo cree que podría ser esa estructuración en el futuro, ya que ésa es una de las finalidades de esta comisión. Esta comisión se ha creado porque ha habido sectores implicados en la adopción internacional que, preocupados por una situación que no se ve clara, han pedido al Senado que realice una investigación con el fin de que haga unas recomendaciones al Gobierno para que ponga orden. En este caso concreto no estoy hablando de ADECOP, pues no tiene mala prensa, pero es cierto que muchas ECAI sí la tienen. Hay situaciones en muchos países en donde la estructura de la ECAI no es seria en cuanto a sus representantes allí, sus relaciones con los poderes instituidos, etcétera.
En segundo lugar, usted ha hablado de los contratos --perdóneme si estoy dando saltos, pero me es difícil desarrollar una intervención ordenada-- y ha mencionado algunas cláusulas. Una de ellas es que hay una causa de rescisión a través de la cual los técnicos de la ECAI pueden opinar o descubrir que los padres que están haciendo la tramitación no son adecuados. Esto entra en conflicto con el certificado de idoneidad, pues éste es un requisito obligatorio y una opinión de la ECAI no lo es, pero tiene la posibilidad de suspender un contrato. No entiendo cómo se incluye esta cláusula. Otra cosa es que se recomiende a la administración la suspensión, pero no entiendo que sea una parte del contrato.
En cuanto a los gastos, entiendo que la economía de escala a veces es eficaz pero en este tema la estructura que tiene ADECOP es a nivel nacional y tiene mucha repercusión. Es decir, están representados en muchas autonomías y si hay dos expedientes en Cantabria respecto a Colombia, cinco en Madrid o seis en Valencia, los tramitan todos de una sola forma y, en definitiva, actúan como una superestructura dentro de la estructura territorial que existe. Por esto hay economía de escala y abaratamiento. A mí me interesa mucho porque sería un argumento fenomenal para decir que la estructuración territorial está siendo ineficaz. Uno de los criterios que yo tengo --no sé si usted lo comparte-- es que no hay igualdad de oportunidades para muchos posibles padres adoptantes en nuestro país que viven en un determinado territorio. Si la ECAI que esté acreditada en el país de origen de los niños que aspiran a ser adoptados por esa pareja no está en su autonomía, tienen que recurrir a otra autonomía y se produce una situación difícil. Me gustaría también saber su opinión.
No me ha quedado muy claro si el certificado de adoptabilidad depende de que las ECAI lo exijan a la hora de la reasignación de los niños. Creo que en nuestro país eso no se exige en ningún lado y resulta que, por los datos que tenemos --aunque muchos de ellos usted los ha rebatido--, el certificado de adoptabilidad de los niños sí está previsto en el Convenio de la Haya y, por lo que hemos visto, es un tema importante, porque muchas veces, dependiendo de quien tramite el expediente de adopción, los niños que los padres han visto y con los que han entrado en contacto no llegan, sino que se producen cambios en los niños o circunstancias que no son las esperadas. Tenemos denuncias en ese sentido.
Usted ha hecho un desglose de los gastos con una precisión admirable, y se lo digo de verdad. Hasta ahora es la primera vez que nos han dado un desglose tan importante de los gastos, porque en otras ECAI éste es un tema bastante oscuro. Hay mucha gente que se queja precisamente de que no tiene acceso a ese desglose, ni tan siquiera cuando hay una situación de fracaso en la que se produce una paralización y en la que se devuelve lo que no se ha gastado. No sé cómo está esto en el caso de Rumanía en donde, si no estoy mal informado, los pagos se hacen a través de unas organizaciones que incluso requieren por adelantado unas cantidades determinadas. ¿Qué pasa con esos
fondos? En el caso de que se desbloquee la situación ¿va a haber una revalorización de las tasas? ¿Qué va a pasar con los derechos adquiridos con arreglo a la legislación anterior? Quizá usted, que está muy metido en ese tema, nos los pueda aclarar.
Cuando contesta y rebate los datos sobre fracasos que se han dado lo hace en función de la experiencia de ADECOP. Indudablemente, como gran organización tienen más criterio, pero yo no sé si los datos que se han dado, el 0,19, son de tipo general o si obran en algún Ministerio, pero creo que son algo superiores a los que da usted. No sé si la eficacia de ADECOP hace que se rebajen.
Por último, me gustaría preguntarle cómo se han resuelto en de Rumanía las últimas asignaciones que se han hecho por el método extraordinario este verano en España, porque algunas familias se han sentido utilizadas por algunas de las personas que han estado en el asunto. Es algo que nos preocupa y me gustaría que nos lo aclarara, ya que ha hecho una buena defensa de la actuación del señor Macías y del señor Gil Robles. Por un lado, veo cosas muy buenas y, por otro, oigo murmullos sobre situaciones que habría que aclarar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Díaz Sol.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente de ADECOP, señor Góngora, bienvenido a esta comisión y felicitaciones por su exposición. Ha sido una exposición completa y ha tenido a mi modo de ver una doble faceta. Por un lado, ha demostrado el conocimiento importante que tiene del procedimiento administrativo y, por otro, el plano humano como padre adoptante que ha sido. Supongo que a raíz de la adopción de sus hijos en Colombia se inició la actividad de ADECOP. Usted está de presidente como padre adoptante y me imagino que no tendrá ningún cargo ejecutivo dentro de ADECOP. Me gustaría que nos aclarara cuál es la estructura de ADECOP y relacionada --como hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista-- con lo que usted ha manifestado, es decir, con el importante número de asociaciones que están funcionando en otras comunidades autónomas como entidades colaboradoras, de ECAI con personalidad jurídica. También se ha referido a la Federación de Entidades Colaboradoras, concretamente ha hablado de once entidades que están dentro de esa Federación. Por tanto, le agradecería que nos contara cuál es la estructura inicial de ADECOP y la relación entre las distintas asociaciones y la Federación.
Su exposición también ha sido tranquila, con un panorama muy positivo que choca --usted también lo ha dejado entrever en su comparecencia-- con algunas de las manifestaciones que se han hecho en esta comisión y a nivel público sobre las carencias que manifiestan algunas de las familias que están asociadas o que no lo están. Yo hablaría, incluso, de dispersión de planteamientos, de diferencias entre los padres que están esperando la adopción y ustedes como entidades colaboradoras. Me gustaría que nos pudiera hablar de puntos de encuentro y de divergencias con estas asociaciones y de cómo se podrían solucionar esas divergencias. Si ha leído la comparecencia de alguna de las responsables de ciertas asociaciones, concretamente la de la más importante, la presidenta de ECORA habrá comprobado que nos daba un panorama sombrío en cuanto a desinformación, certificados de idoneidad, de adoptabilidad o costes. A mi modo de ver, hay una divergencia entre lo que usted plantea y la visión que pueden tener los afectados, los que están sufriendo año tras año la incertidumbre de saber cuándo van a recibir al hijo.
Me gustaría también que hiciera una valoración de las dificultades que existen para culminar los procesos positivamente, porque usted hablaba de 3.664 tramitaciones y, sin embargo, de 1.611 niños adoptados, con lo cual 2.053 tramitaciones se han quedado por el camino y no han fructificado.
¿Por qué no han fructificado? Esta Comisión debe dar un dictamen y elevarlo al Gobierno para mejorar toda la tramitación administrativa e, incluso, legislativa, de procedimiento y, en definitiva, de confianza a los padres que se deciden por ese proceso de adopción. ¿Cuál sería la recomendación que podríamos incorporar, grosso modo, o por qué línea deberíamos trabajar o profundizar en el dictamen? Con respecto a Rumanía, todos los miembros de esta Comisión estaríamos dispuestos a colaborar con el Gobierno de ese país y con el Parlamento Europeo --al que usted ha hecho referencia-- en cuantas gestiones puedan ser necesarias, para desbloquear, agilizar y dar tranquilidad a los padres que tienen pendiente una adopción en ese país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Rodríguez Saldaña.
Tiene la palabra el señor Góngora para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios y, posteriormente, si hay algún senador o senadora que quiera intervenir a nivel particular, se le dará la palabra.
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): Muchas gracias. Voy a contestar al senador Díaz Sol diciéndole que la estructura de ADECOP es de asociaciones. Nosotros primero fundamos una asociación para la protección del niño y entre ellas estaba la figura de asociación internacional. ¿Por qué en unas comunidades hicimos asociaciones con socios reales, que están allí y que acuden a la asamblea todos los años, y en otras no? Porque al principio los decretos de acreditación de entidades decían que la entidad tenía que tener su domicilio social en esa comunidad. Este fue el motivo por el que en unas comunidades hubiera asociaciones con personalidad jurídica propia y en otras dependieran de la comunidad Valenciana.
El motivo de estar federados es, simplemente, porque cuando se viaja a un país, cuando se repercute en costes o cuando hay que tener un representante, el ahorro de gastos es evidente; no es lo mismo tener un representante para cada una de las entidades de adopción que están en las doce comunidades, que tener un solo representante para las doce comunidades; no es lo mismo mandar un sobre por mensajeros un día a la semana desde Alicante, que es donde está la sede de la Federación, que mandar un sobre por mensajeros a Rusia desde cada una de las doce comunidades. El ahorro es evidente. ¿Deberían ser entidades mayores para tener ahorro de costes? No lo sé, depende del interés que cada entidad de adopción o cada asociación tenga en el proceso de adopción y cómo quiera trabajar. Nosotros entendemos que a mayor control y a mayor unificación de gastos, menor coste para las familias. ¿Cómo puede ser en el futuro? Lo que estamos haciendo es que cada asociación de las que tienen personalidad jurídica diferenciada, tienen su propia junta directiva y su propia asamblea de socios, pero en la práctica estamos funcionando como una entidad de adopción acreditada en cada comunidad autónoma aunque con una representación única y un representante único en cada país de origen.
No sé si con esto es suficiente...
La señora PRESIDENTA: Senador Díaz Sol, no se le oye.
El señor DIAZ SOL: ¿Cómo puede ser que sólo haya un representante habiendo doce autoridades centrales?
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): Se puede ser representante de doce entidades de adopción, porque tenemos doce acreditaciones distintas. Lo que pasa es que es una sola persona y cobra un solo sueldo, no doce sueldos diferenciados.
En cuanto a la mala prensa, es verdad. Estoy plenamente convencido de que el marco jurídico es el de la Ley Orgánica 1/2002 o el de la anterior Ley de Asociaciones y que esto es una asociación cuyos fundamentos estatutarios y objetivos son la protección de la infancia. Le voy a explicar una cosa: cuando uno va a un país a adoptar y ve lo que ocurre allí, no debe volver con su hijo y olvidarse, sino ayudar a ese país para que no haya más niños en adopción. Es verdad que esto es una utopía, pero si no trabajásemos con utopías no haríamos nada. ¿Qué conseguimos? Cooperar con muchos de los países de origen de los niños en proyectos para la infancia, pero no con la que pueda ser susceptible de adopción, sino en proyectos para aquellos niños que no van a ser adoptados nunca.
¿Cuál es el marco jurídico ideal? El de la asociación y el trabajo como entidad de adopción será uno más a desarrollar. Es verdad que en principio ha habido muchas entidades de adopción; se unían un grupo de profesionales, constituían una asociación sin ánimo de lucro y solicitaban la acreditación como entidad mediadora. Pero también es verdad que el Convenio de la Haya establece que para acreditar una entidad mediadora, tales instituciones tienen que estar dirigidas y administradas por personas con experiencia suficiente. ¿Cuántas de esas entidades que tienen mala prensa tenían experiencia suficiente cuando fueron acreditadas? ¿Qué personas, qué experiencia y qué representación tenía la junta directiva como órgano independiente de la entidad de adopción? La entidad de adopción tiene que tener sus propios profesionales y los más cualificados que se puedan obtener, pero nunca deben estar dirigidas por esos profesionales, sino por personas que estén al margen de la tramitación diaria, que son los que tienen que procurar el buen fin de los procesos de adopción.
En cuanto a la cláusula de rescisión, es verdad que le puede extrañar, pero dentro del marco jurídico de las asociaciones, somos una entidad permanente, privada y sin ánimo de lucro y como tal, nos podemos negar a tramitar una adopción. Nosotros no le cuestionamos a la comunidad autónoma si se es idóneo o no, sino que, previo informe de los profesionales de la asociación debidamente visado por su colegio para darle rasgos de oficialidad, decimos que para nosotros esa familia no está preparada, devolvemos el expediente y que la comunidad autónoma haga lo que crea oportuno hacer; si quiere tramitarlo con otra entidad, que lo tramite, pero nosotros no vamos a ser responsables del posible riesgo que pueda haber en una adopción, porque el niño es más importante que la familia.
En cuanto al desglose de gastos en Rumanía, me gustaría decirle que cuando tenga oportunidad de ver el contrato, cada uno de los dólares que manda la familia a Rumanía están tasados. En principio, la familia no mandaba todo el dinero de golpe, sino que hacía un primer envío que cubría los gastos de legalización, traducción, presentación y manejo del expediente. Aquellas familias que han rescindido el contrato y a las que nosotros hemos tramitado el expediente en otro país o que lo han tramitado ellas por su cuenta, les hemos hecho una liquidación de esa primera remesa de gastos y les hemos devuelto, previa liquidación de gastos firmada por nuestra representación en Rumanía, un talón con los dólares que no se han gastado. Así lo estamos haciendo con todas las familias que van renunciando a su adopción en Rumanía.
Aquellos ciudadanos de comunidades donde no existe una entidad de adopción, pueden solicitarla, gracias al convenio interautonómico que firmaron todas las comunidades autónomas, a través de otra entidad acreditada en otra comunidad. No puedo decir más porque es así. Si quieren que la tramite ADECOP, posiblemente tendrán la cercanía de una entidad de adopción, pero si ADECOP no está en el país y quieren ir a ese país, tendrán que ir a la entidad que esté allí.
En cuanto al certificado de adoptabilidad, es verdad que el artículo 9 del Convenio de la Haya dice que se preparará, y sí que se está haciendo.
Lo que pasa es que no es un certificado de adoptabilidad; tal y como lo dice es un certificado de idoneidad. Por ejemplo, Colombia, que es el país que mejor lo hace y que a España nos ha enseñado mucho, tanto a las entidades de adopción, como al Ministerio y a las comunidades autónomas, lo que está haciendo es que el abogado defensor del niño, un funcionario del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, determina que el niño
es adoptable después de haber cumplido una serie de requisitos. Y determina que es adoptable para un extranjero después de haber ofrecido al niño en adopción dentro de su país. Ese es el certificado de adoptabilidad y sí que existe. No hay ninguna tramitación en donde el niño no sea adoptable, por lo menos en los países donde trabaja ADECOP.
En cuanto a los fracasos, no le puedo contar más que mi experiencia, que es la de que en ADECOP ha habido 1.611 niños adoptados y hemos tenido 3 fracasos, en donde la autoridad autónoma correspondiente ha retirado la patria potestad. Nos sale el 0,19 por ciento porque es lo que hay.
Quizás, el problema de la adopción no venga de las familias, sino de la mala preparación que han tenido al ir a adoptar. Esto no es un negocio, sino una vocación. Pero tenemos que preocuparnos los de la junta directiva --yo como presidente-- y también los profesionales que trabajan en esto, porque si una adopción fracasa es que algo hemos hecho mal, como no haber formado a esos padres. Si nosotros conseguimos que las familias sepan a donde van, seguramente no nos ocurrirá lo que nos pasó hace quince días: una familia vino a última hora de una comunidad en la que nosotros no estamos para adoptar en Rusia, y cuando le ofrecieron el niño el marido dijo a su mujer: «¿Y para esto hemos venido?», ya que dio la casualidad de que el niño era bastante morenito, porque era de una república del sur de Rusia. Si hubiera sido una familia de las que están desde el principio en ADECOP, hubieran tenido una tramitación y sabrían que en Rusia les pueden dar un niño casi albino, si es del norte, o muy moreno y casi árabe, si es del sur. Por tanto, nosotros tenemos mucha responsabilidad pero también mucha satisfacción al saber que después de ocho años tramitando adopciones el número de fracasos es muy pequeño.
Por último, me voy a referir a las asignaciones por memorándum. El Gobierno rumano en diciembre del año 2001 publicó una ordenanza de urgencia para solucionar los problemas que tenía por el cierre de las adopciones y las tramitaciones. Los niños que tenían sentencia judicial firme eran hijos de españoles, pero por una simple carta de conformidad con la adopción el niño no podía salir de Rumanía. Había familias con niños asignados y familias con niños sin asignar. Entonces, de acuerdo con la legislación de diciembre, ha ido dejando, en primer lugar, que esas familias que tenían a su hijo adoptado se lo pudieran traer; en segundo lugar, que los que tenían niños asignados volvieran; y, después, no sé muy bien en base a qué fundamento, si profesional, psicológico o social, están dando las asignaciones, pero el caso es que para España han venido ciento y pico de esas mil que quedaban. Lo cierto es que ellos, cuando hacen un memorándum, lo que están diciendo es que no lo hacen para los españoles, sino para los americanos, franceses, suizos o israelitas, y ponen: «Niños mayores de tal edad que una familia ha decidido adoptar.» Por tanto, en beneficio de un niño que está en una situación crítica, dan esa asignación, y van dando una explicación que no sé muy bien si la tienen contrastada. El memorándum lo firma la presidenta de la Autoridad Nacional para la Protección de los Niños en Adopción, señora Gabriela Cuman, y el Secretario General del Gobierno, Mijel Escu, y hasta que no le da el visto bueno el presidente Anastasi, los expedientes no se empiezan a tramitar. Sobre el tráfico de influencias, tengo que decir que creo que no ha habido. Se lo digo sinceramente. En este momento es imposible que nadie, con las precauciones --por no decir otra cosa-- que el presidente Anastasi está tomando con las asignaciones internacionales, pueda hacer tráfico de influencias. Es verdad que ha habido una familia que ha adoptado a dos niños, pero es que estaba desde el año 1999 y es de las que se habían quedado en puertas para adoptar. Mire, es evidente que para las familias es un fracaso emocional. Las familias no deciden que van a adoptar de buenas a primeras; en el 98 por ciento de los casos las familias hemos intentado tener hijos por medios naturales o asistidos, y cuando hemos fracasado, con la carga emocional que ello significa, nos vamos a una entidad de adopción para que nos la tramiten creyendo que la vamos a tener ya. En Rumanía las adopciones las iban dando bastante bien, a un ritmo ni muy rápido ni muy lento, y creo que se cerraron más por falta de transparencia en todo el proceso, por no saber si se cerraban las adopciones o no, si se abrían o no, o si era un disgusto del presidente Anastasi porque una resolución del tribunal de Bucarest había rechazado la no admisión de solicitudes. Esa falta de transparencia en la información recibida desde el Gobierno de Rumanía es lo que ha hecho que las familias no supieran dónde estaban. Es verdad que Internet funciona y que nos lo conocemos, pero también es verdad que si quieren tener una información fidedigna, lo más que podemos hacer es transferirle la información que nos viene desde el Estado rumano o desde la prensa rumana, que es donde más se están viendo las cosas. Pero, repito, pienso que es imposible que haya habido en este momento tráfico de influencias en Rumanía, porque no creo que al presidente Anastasi se le pueda influir en este momento.
Voy a contestar a las preguntas de la senadora Rodríguez Saldaña. La estructura de ADECOP, vuelvo a repetir, es una asociación, de acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1966 y, ahora, con la Ley Orgánica 2002. En algunos decretos anteriores de algunas comunidades autónomas había dos tipos de modelos muy semejantes pero en uno decían que para acreditar una entidad tenía que tener la sede social en la comunidad y en el otro no lo decía, por tanto no hubo más remedio que constituir asociaciones y transferir los asociados de una comunidad a otra para que tuvieran su base jurídica y legal. Pero si nosotros hubiéramos decidido --como le decía antes al senador-- tener un representante por cada una de las comunidades autónomas, el coste para Extremadura hubiera sido enormemente caro, porque para Colombia se tramitaban 20 solicitudes al año, mientras que en la comunidad Valenciana se tramitaban 200. Es mucho más económico tener un representante que represente a las doce entidades acreditadas.
¿Cómo se puede articular legalmente? Con la Ley de Asociaciones y en base a una federación legalmente inscrita y registrada. Cada una tiene su personalidad jurídica propia, y cada una, al igual que las que no tienen personalidad jurídica propia, llevan sus cuentas de manera independiente unas comunidades de otras, siendo controladas todos los años por un
auditor independiente. La estructura inicial fue ésa, tener una entidad acreditada, que era la comunidad Valenciana, pero según fueron apareciendo los distintos decretos, si un decreto permitía ser entidad acreditada con residencia en otra comunidad autónoma, se hacía de una manera y, si no, se hacía de otra.
Nosotros hemos tenido diferencias con los padres. Ya he dicho antes que los padres cuando vamos --y me incluyo-- lo queremos para mañana, y muchas veces influenciados por la misma televisión --el sábado salieron unas imágenes terribles de niños argentinos y hemos tenido un montón de llamadas estas mañana preguntándonos si podrían adoptar niños en Argentina--. ¿Qué piensa la gente? Que los niños están allí y quieren que se los den mañana. Mire usted, no todos los niños que hay en los países de origen son adoptables y cuando uno se decide a hacer una adopción, si el país de origen del niño es responsable, tiene que analizar el informe psicológico y social, pues es fundamental, aunque los padres crean que es una tontería, ya que el derecho no lo tiene el padre adoptivo sino que es del niño a tener una familia; los padres adoptivos tenemos derecho a que se nos transmita una solicitud y ese informe psicológico y social, como decía una directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la radiografía de la familia. Allí hay unos técnicos igual de cualificados que los de cada comunidad que van a estudiar ese expediente, y no sólo el informe psicosocial, sino también los penales, los certificados médicos, los ingresos... Le voy a poner un ejemplo. En Colombia hubo un señor que nos hizo una tramitación y era de la Comunidad Valenciana. Tenía una fortuna de casi tres mil millones y el señor no trabajaba. No le dieron el niño en Colombia porque lo que querían es que tuviera una familia y unos ingresos por trabajo. Según ellos, igual que hoy tenía dinero, mañana podría no tenerlo, y a su hijo no le habría enseñado a trabajar. Todo el mundo se quedó muy extrañado, y nosotros los primeros. Por tanto, es fundamental el informe psicológico y social. Es verdad que hay profesionales mejores y peores; hay profesionales que son muy delicados a la hora de hacer un informe psicosocial a las familias, pero hay otros que no los son. Lo importante es que el informe tiene que llegar y cuanto más claro y transparente sea, mejor, porque así el país de origen va a estudiar a la familia y le va a asignar el niño más idóneo. Por tanto, estamos buscando la mejor familia para un niño que está abandonado allí. Claro que los padres se disgustan cuando la comunidad autónoma les pone pegas en el informe psicosocial y les dicen que no. Unas veces tendrán razón, porque los profesionales han acertado y otras veces no, pero ese padre ya se ha llevado un disgusto. Pero si llega al país de origen del niño y le dicen que no son aptos para adoptar, vuelven a llevarse un disgusto, porque en su comunidad les han dicho que son idóneos, pero el país de origen del niño les dice que ellos han exigido en la solicitud un niño que --aunque no pueden elegir ni sexo ni raza ni color-- sea blanco, sano y con ojos azules --quizá no tan exagerado, pero lo ponen-- y, obviamente, les dicen que se han equivocado de país. También quieren una niña, porque tienen otra. En fin, hay una serie de condiciones y para eso son los informes, para que el país diga si se acepta o no. Eso nos crea diferencias con las familias.
Aparte de esto, las familias creen que la entidad de adopción tiene la responsabilidad de todo el proceso administrativo y judicial. Mire, si Colombia tiene un atasco de expedientes y tarda ahora 18 meses en vez de 12, porque resulta que China ha puesto cupos, porque India no trabaja y porque Rumanía ha cerrado, y tú les habías dicho que tardabas 12 meses y ahora tardas 24, te dicen que tú les engañaste. Mire, yo no le engañé.
Cuando usted vino hace 12 meses, eran esos meses, y ahora son 24. Y cuando la entidad que trabaja en China dice que adoptaban en un año y resulta que ponen cupos, no le vamos a decir que ya no se va adoptar en China. Pero eso no es responsabilidad de la entidad. No hay tantas familias en estas asociaciones. Yo he tenido relación estrecha con ATLAS, que es una de las que forman CORA, por el problema de Rumanía, y no tienen tantas familias detrás, lo que pasa es que son las familias que siempre están disgustadas. De hecho, solamente se ha puesto en contacto con ADECOP cuando ha tenido que enfrentarse a 300 familias de Rumanía para que nosotros diéramos la cara, y me pareció muy bien pues alguien tenía que decir lo que estaba pasando en ese país. No es culpa de ADECOP ni de ninguna entidad acreditada en Rumanía que el Gobierno rumano de hoy a mañana diga que no da más adopciones. Hemos luchado, hemos ido diez veces a Rumanía y hemos buscado apoyos. El senador Macías fue porque en el año 1997, cuando nos constituimos en Canarias, él estaba junto a más personas en la presentación de la Asociación y se prestó a ayudarnos. Al señor Gil Robles no le conozco de nada, pero también le hemos pedido ayuda, porque creemos que no está bien hecho lo de Rumanía. Por tanto, ¡claro que las familias se disgustan!, pero aquellas a las que no les ha salido el proceso como querían. Tengo todas las anécdotas que quieran.
Mire, hace quince días una familia de Sevilla quería hablar conmigo, con nadie más, porque estaba muy disgustada y querían saber quién iba a esperarles en el aeropuerto de Zurich para hacer el «transfer» para ir a Moscú; les dije que ellos solos; pero ellos decían que en el contrato les habíamos dicho que íbamos a acompañarles; sí, les dije, pero no en el aeropuerto de Zurich para hacer un «transfer». Cuando las familias están mal preparadas, cuando no saben lo que es la adopción o cuando no conocen el trámite --y eso sí que es culpa de las entidades-- es cuando se disgustan. De hecho, el grado de insatisfacción de ADECOP es bastante menor que el que hay en otras entidades de adopción. Lo que hay que hacer es trabajar con los padres y transferirles la mayor información que tengamos, pero yo no le puedo mandar una carta cada mes a un padre para decirle que Rumanía sigue cerrado porque sería un coste innecesario, pues tan pronto haya algo nuevo se lo diremos. También, como utilizamos las tecnologías modernas, como internet y las páginas web, las familias pueden tener acceso a esos medios y pueden enterarse.
Creo que no se me olvida nada.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la senadora Rodríguez Saldaña para hacer alguna aclaración.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Sí, señora presidenta. Quisiera que me aclarara esas 3.664 tramitaciones y, si tiene a bien contestarme, me gustaría preguntarle otra cosa más: la valoración que usted hace como conocedor del mosaico legislativo y administrativo de las distintas comunidades autónomas sobre todo en cuanto a decretos de acreditación para la habilitación de las entidades colaboradoras y, en general, de lo que supone el avance en la gestión, tanto de adopción nacional como internacional, de las distintas comunidades, y si hay grandes diferencias en ese avance o acercamiento al éxito en la adopción.
Por otro lado, me han llamado la atención las divergencias que parecen existir entre lo que es la idoneidad dada por la comunidad autónoma correspondiente del país de origen de los padres y el certificado de adoptabilidad del país de donde viene el niño. En este caso, ¿qué prevalece? Si las autoridades españolas dicen que esa familia puede adoptar y el país de donde procede el niño dice que no, porque la vara de medir o las técnicas son distintas, porque son más especializadas, porque son más exigentes o menos exigentes o porque valoran otro tipo de condicionantes como puede ser el económico desde distintas perspectivas, al final ¿cuál de las dos triunfa y en qué porcentaje se dan esas diferencias? Gracias.
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): He dicho que desde el principio tramitábamos 3.664 expedientes de adopción, de los cuales están en trámite en este momento 1.421; adoptados, 1.406 expedientes con 1.611 niños, y 837 bajas antes de adoptar, lo que hace un total de 3.664 expedientes tramitados. Tengo los motivos de esas 837 bajas: el 42 por ciento por motivos personales, es decir, familias que después de obtener la idoneidad van a los talleres de formación y se dan cuenta que lo quieren no es adoptar y, voluntariamente, se dan de baja; el 8 por ciento porque han tenido una adopción nacional en ese proceso; un 21 por ciento, aunque parezca extraño, porque se han quedado embarazadas; un 12 por ciento porque han cambiado a un país que nosotros no tramitamos; y un 17 por ciento porque se han dado de baja por la demora en la tramitación, sobre todo en el caso de Rumanía.
En cuanto a los diferentes decretos de acreditación, que yo sepa los decretos anteriores eran muy similares y los nuevos son los que tienen más variación, pero en este momento sólo hay tres publicados que son Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. El único que, permítame la expresión, «saca los pies del plato», es el de la Comunidad de Madrid por una serie de cosas, pero hay una fundamental para los solicitantes de adopción y me voy a referir a ella por la última pregunta que me ha hecho. Una comunidad autónoma dice: esta familia es idónea para un niño entre cero y cuatro años. Y el país considera que esa familia es más idónea para una niña de cuatro años y dos meses, porque como en casa hay un niño de seis, tiene que ser menor que él pero mayor que la idoneidad concedida. La Comunidad de Madrid quiere restringir el derecho a esa información si considera que el ofrecimiento no es el adecuado. Nosotros consideramos que la adopción internacional está inmersa dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo Común; es un expediente que la Administración abre a un administrado a petición del mismo, y no es sólo mi teoría, sino la de varias comunidades autónomas más. Por tanto, yo tengo como administrado el derecho a saber que he tenido una asignación y, si no quieren, que no me digan el nombre, pero sí la edad y el sexo para que yo pueda recurrir en vía contenciosa esa resolución de una entidad administrativa. Esa es la diferencia más grande que tiene ese proyecto de decreto con el resto de los proyectos que hay ahora mismo en vigor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senador Díaz Sol, tiene la palabra.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Yo le iba a hacer una pregunta en relación con el decreto de la Comunidad de Madrid, porque usted ha sido especialmente crítico en algunas cuestiones. ¿Por qué cree usted que la Comunidad de Madrid ha hecho este proyecto de decreto? Algunas razones deberá tener como Administración para hacer algo que puede ser tan duro en algunos aspectos o tener puntos que pueden cercenar el derecho de los administrados.
Por otro lado, me ha parecido entender que los consulados controlan a los representantes de las organizaciones. El director general de Asuntos Consulares, que vino aquí, dijo que ellos lo único que hacen es, cuando llegan con los papeles, darles el libro de familia y la nacionalidad. Si eso es así, habrá que decirle al director general que se entere un poco más de qué va el tema.
Por último, quisiera preguntarle dos cosas. En primer lugar, usted que tiene experiencia de todas las autonomías, ¿cree que hay una homogeneidad en la forma de hacer los certificados de idoneidad? Si no son homogéneos ¿ve alguna solución a este tema? Es algo que está pendiente, pues hay gente que se ha quejado, aunque también le han quitado hierro al tema, pero la verdad es que hay algún tipo de disfunción porque, si no, no llegarían estas cosas aquí. Y, en segundo lugar, ¿considera usted bueno que se piense en una agencia de nivel estatal, que tuviera la posibilidad de incidir en las competencias que están dispersas a nivel de la Administración del Estado, como Justicia, Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, con el fin de coordinar las competencias de las administraciones autonómicas y ser una imagen única de cara al exterior? Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): Unas entidades colaboradoras de adopción serán más solventes y otras menos, pero lo cierto y verdad es que en este momento no estamos más de ocho o diez, aunque no tengo datos concretos. Eso significa que ha habido una selección, entre natural y forzada, y nos hemos quedado los que estamos. Pero vuelvo a repetir que el problema nació en el momento de dar acreditaciones, quizá por la premura de la puesta en vigor de la Ley orgánica
1/1996 y del Convenio de la Haya. En primer lugar, se tendrían que haber dado acreditaciones a las que pudieran demostrar una mínima experiencia y eso no se hizo. En segundo lugar, se tendrían que saber --creo que es obligación de la Administración-- a quién se acredita. A mí no me vale que unos certificados de penales estén limpios. Nosotros fuimos un año antes a Colombia, que fue el primer país en el que trabajamos, a preguntar a las autoridades cómo querían que trabajáramos para empezar a prepararnos y, un año después, estar acreditados. Es verdad que eso es dinero, pero de la asociación y no de los adoptantes. Las cuotas de los asociados están para beneficiar el futuro a unas familias.
¿Por qué se ha hecho este decreto? Creo que por «comodidad administrativa»: cuanto más restrictivo sea el decreto, menos me tengo que preocupar. Mire usted, contróleme, que es lo que quiero. Cuanto más me controle usted, cuantas más auditorías me ponga, cuanto más me inspeccione o cuantas más relaciones tengamos, mejor me conocerá usted a mí y mejor sabrá cómo trabajo. Voy a poner un ejemplo, aprovechando que está aquí el director general de la comunidad Valenciana, aunque vale para Galicia o para Andalucía. Cada territorial de Valencia conoce perfectamente cómo trabaja ADECOP, cuándo llega una asignación o el nombre de las personas que trabajan allí; conocen a la entidad, a los demandantes de adopción y a las familias. Pocas sorpresas se puede llevar el director general en relación a cómo trabajan las territoriales. Quizá por ese desconocimiento en la Comunidad de Madrid es por lo que pretenden publicar un decreto totalmente restrictivo, para que lo que ellos no hagan, se lo supla la ley. Esta es mi opinión.
En cuanto a los consulados, es verdad que no hay una forma oficial pero, obviamente, si una representante está fallando, le puedo garantizar que el cónsul de España nos llama para decirnos que nuestro representante está haciendo algo mal. Es más, llaman a la autoridad central para decirles que llamen a ADECOP y le cuenten que el representante que ustedes han consentido funciona mal. Por tanto, no es una información oficial, pero si no hiciéramos caso, el cónsul se vería en la obligación de comunicárselo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a nosotros los fallos de los representantes. Lo que quiero decir es que hay una coordinación muy estrecha entre entidad, representante y consulado. Al fin y al cabo, cuando las familias llegan al consulado, si ha habido algo bueno, lo cuentan y, si ha habido algo malo, también. Para nosotros es una tranquilidad saber que alguien está controlando, a pesar de que nosotros controlemos diariamente.
En relación con el certificado de idoneidad, no es homogéneo, por lo menos en los términos de su redacción. Me imagino que todas las comunidades autónomas tendrán sistemas parecidos para evaluar a las familias y que tanto si lo hacen los turnos de intervención profesional, como en Madrid u otras comunidades, como si lo hace la propia comunidad, habrá unas directrices acerca de lo que quieren que diga el informe. Lo que hay que decir es que los informes son dispares, unos dan la idoneidad para dos años, otros la dan indefinidamente; unos te dicen que eres idóneo para un niño o una niña de tal edad, otros no te lo dicen. Creo que los certificados de idoneidad tendrían que estar unificados por su imagen hacia el exterior. También es verdad que no sé hasta qué punto se puede hacer eso, ya que la Ley 21/1987, en su disposición adicional primera, lo que hacía era transferir todas las competencias de menores a las comunidades. Por tanto, el Ministerio podrá dar sus indicaciones pero poco podrá hacer en materia de legislación.
Voy a referirme a su pregunta en cuanto al nivel estatal de una entidad.
Mire, el modelo de ADECOP no está saliendo mal --¡que voy a decir yo, que soy el presidente!--; no hemos tenido ni una sola denuncia y, aunque ha habido alguna comunidad que nos ha abierto expediente de investigación, nosotros hemos aportado nuestra documentación y ese expediente se ha archivado. En una comunidad una familia nos demandó judicialmente porque quería que le devolviéramos el dinero, después de haber rechazado a un niño rumano porque era gitano y no les gustaba el color. Esa persona utilizó los informes que habían llegado de Rumanía y el juez civil se lo pasó al fiscal del menor para que abriera un proceso penal contra la familia por utilizar los datos de un niño, y cerraron nuestro expediente.
Por tanto, creo que, aunque tenga mucho que mejorar, el modelo no es malo. Yo no haría una agencia única, sino una especialidad por zonas geográficas. Si en Colombia nosotros tramitamos seiscientos expedientes de adopción, tendremos más conocimiento de los abogados, de la legislación y del proceso y será más económico. Ahora, estamos en una sociedad de libre competencia y cualquiera puede estar acreditado. El resultado lo va a dar la misma sociedad. Cuando una persona va a una entidad que tramita diez expedientes, ese proceso de adopción le va a costar mucho más caro que si viene a ADECOP, donde le conseguiremos el precio más económico. En Rusia y en Rumanía va a pasar igual. Por eso, pienso que una entidad de adopción no puede estar en todo el mundo, porque es muy complicado ya que cada país tiene una legislación y un procedimiento. Tenemos que especializarnos, conocer de sobra la legislación del país de origen del niño y el procedimiento, y debemos ser muy cautos a la hora de pagar costes. Nadie se puede hacer rico con nosotros y menos con los niños.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Ha finalizado, senador Díaz Sol? (Pausa.) ¿Hay algún senador o senadora que quiera pedir la palabra? La senadora San Baldomero, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Gracias, señora presidenta.
Señor Góngora, buenas tardes.
En el tiempo que llevamos en esta comisión, ésta es la vez que más hemos hablado de los temas económicos, de dinero. Generalmente, hemos hablado de la filosofía, de la manera de ser, de actuar y de pensar, y de muchas otras cosas. Pero hoy hemos estado hablando de dinero en numerosas ocasiones.
Me gustaría preguntarle, si es posible que me pueda contestar, cuál es la media ponderada --para que me pueda dar una cantidad-- del costo de la adopción de un niño.
También he creído entender, y ha sido motivo de preocupación por parte del senador Díaz Sol y de la senadora Rodríguez Saldaña, que esos padres que tienen la idoneidad en España, en casos determinados después son rechazados por los países de origen del niño que quieren adoptar. Querría preguntarle, si no he entendido mal, si todos los padres que acuden a su asociación para adoptar un niño son aceptados o si en algún caso un padre no lo es y, si es así, cuál es el motivo.
Hay algo que me ha preocupado mucho. Cuando se solicita un hijo en adopción, igual que cuando se tiene un hijo biológico, no se pide que sea rubio y con ojos azules, incluso siendo los padres rubios y con ojos azules, porque es imposible. Soy miembro del Consejo Rector de Mensajeros de la Paz y nosotros hemos hecho, en alguna ocasión, campañas de adopción de niños que hemos llamado «Los querrás más que a un hijo» y, especialmente, con niños con problemas, deficientes o enfermos, pero cuando un padre va a una organización como la suya, no creo que en ningún momento diga que no le importa tener un niño enfermo. ¿Comprueban que ese niño, que no puede ser obligatoriamente rubio y con ojos azules, no sea un niño enfermo? Sería un derecho casi fundamental saber que ese niño
--que nos da igual que sea rubio o moreno-- está en perfectas condiciones de salud. ¿Si no está ese niño en esas condiciones de salud o tiene algún problema, se les informa a los padres antes de darlo en adopción? Este es un tema que me preocupa muchísimo.
Quisiera también que me informara, porque conozco de algún caso, sobre problemas que han podido existir con su delegación en Rusia. ¿Son ustedes todavía la única organización que tiene en Rusia poder para que las familias españolas adopten niños o hay alguna otra organización que trabaje ese País? Conozco el caso de unas familias de Zaragoza --y estoy informada por ellas mismas y a través de los medios de comunicación, o sea, que no quiero incidir en nada truculento, ni mucho menos-- a las que, una vez asignado el niño, se les ha retirado. Además, fueron un grupo de seis u ocho familias y es mucha casualidad que todas estuvieran nerviosas y preocupadas. Creo que, si se me permite, señora presidenta, fueron en un momento dado «toreadas», no sé por quién, allí en Rusia, porque ni se les informaba, ni se les decía absolutamente nada de lo que pasaba con la situación en la que se encontraban, tanto su expediente como los niños que se les podían asignar.
Usted ha vuelto a repetir que esto no es un negocio y yo estoy absolutamente convencida y segura de que usted es un magnífico presidente de esa Federación y de que sus cuentas estarán transparentes y clarísimas. Pero, igual que el senador Díaz Sol y la senadora Rodríguez Saldaña, mejores parlamentarios que yo, le han preguntado por qué, por cuánto y cómo, yo le voy a preguntar también, y mucho más claro, después de estas mil y pico adopciones que ustedes han tramitado y llevado a buen efecto, y de las otras tantas que no han llegado a conseguirse, ¿de verdad esto no es un negocio? ¿A la organización que usted preside no le quedan unos dineros, que estoy segura que son justos y necesarios? Esto no puede terminar siendo una pequeña bolsa de negocio para alguien de su organización, que espero que usted tenga perfectamente controlado.
He tenido la sensación --y eso que he tenido que salir y me disculpo ante mis compañeros y antes usted-- de que todo funciona muy bien. ¿De verdad que todo funciona tan bien? ¿De verdad? Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora San Baldomero.
Tiene la palabra el señor Góngora para contestar a las preguntas de la senadora.
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): La primera pregunta que me ha hecho es cuál es la media ponderada del coste de una adopción internacional. No hay media ponderada. Hay un coste igual para todos los ciudadanos españoles, excepto los de la comunidad Valenciana, para los trámites de una adopción en España. Pero en Colombia, como he dicho en mi exposición, es el Estado colombiano el que hace todo el trabajo y lo único que exige es un abogado que presente la demanda judicial. Este abogado y las legalizaciones son el coste que tiene una familia. Hay un coste único para las adopciones en Colombia. En Perú exactamente igual y la única diferencia es si la adopción es en Lima o fuera de Lima: si es en Lima no hay coste de traslado del representante, que es obligatorio que esté en los procesos, y si es fuera de Lima, sí. En Bolivia, cada una de las ciudades tiene unas tasas diferentes a la hora de sacar certificados y varía el coste de las mismas. En Rumanía, todas las adopciones costaban lo mismo, y en Rusia también. Por tanto, no hay media ponderada, sino un coste único para Rusia, para Rumanía y para Colombia. Es verdad que se hace la media ponderada a la hora de hacer un presupuesto de lo que debe pagar una familia, por ejemplo, en Rusia. Se lo voy a explicar: si el representante tiene que estar en Moscú y presenta en Moscú 1 o en Moscú 2 la solicitud, no tendrá que ir mucho de viaje; pero si el representante en una región tiene que presentar la documentación a 400 kilómetros y tiene que ir dos o tres veces, va a tener más gastos; y lo que se hace es ponderar el coste medio de uno y otro, y es lo que paga el solicitante de adopción. Unos pagarán más y otros pagarán mucho menos, pero hay que seguir las normas del Convenio de la Haya para que sea coste único.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Perdone, señora presidenta. Le ruego que, si es posible y si le parece oportuno a la señora presidenta, nos hable de una cantidad. ¿Cuánto es el costo en euros de un niño en Rusia, por favor?
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): Lo he dicho en mi exposición y he dejado copia de todos los contratos. El coste de una adopción en Colombia
son 3.499,06, incluyendo los seguimientos, que son 582.195 pesetas, incluyendo el coste en España. En Rusia, incluyendo el coste de las 250.000 para otras comunidades, pues en la comunidad Valenciana es inferior, son 1.743.805, y Rusia en este momento es el país donde la adopción está más cara, ya que Rumanía está cerrado.
Me ha preguntado si hemos rechazado alguna vez a alguna familia. Sí, alguna vez, y previo informe de los trabajadores sociales y psicólogos, visado por su colegio profesional. En primer lugar, se ha mandado un escrito a la dirección general competente de la comunidad correspondiente, se le han dicho los motivos expuestos por el informe psicosocial y se le ha devuelto éste. Esto ha servido para que la comunidad autónoma revise la idoneidad dada en su momento y, en este caso, la retira. No han sido muchas, pero es responsabilidad de la asociación tramitar un expediente de adopción.
En relación con su pregunta acerca de si podemos comprobar si el niño está sano o no, me gustaría hacerle una aclaración: el niño sano en España no es el niño sano en Bolivia, ni es el niño sano en Rumanía, pero no podemos comprobarlo. Nuestros representantes no tienen acceso a los orfanatos, ni a las casas de acogida de los niños, sino que nos remiten los informes médicos y sociales que la autoridad central del país nos da.
Lo que hacemos es que, si la familia quiere un mayor abundamiento porque precisa de algún dato concreto, pedimos mayor información a la autoridad central a través del representante, que es la única que puede hacer informes o investigación médica o psicológica a un niño. En un país como Colombia, sin ninguna tacha de duda, unos funcionarios en una región amazónica, Putumayo, hicieron un informe psicológico y médico de oídas sin haber visitado al niño, por la situación de guerrilla y de conflicto permanente. Cuando llegó la familia, no a Putumayo, sino a Bolivia para adoptar, el niño tenía unas características psicológicas que no se reflejaban en el contrato. La representante ayudó a la familia a presentar el correspondiente escrito y visita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que reconoció el error de su funcionario y le volvió a asignar a un niño en otras condiciones a la familia. La familia siempre es la que tiene la última palabra antes de aceptar el niño. Es más, en situaciones como en Rumanía donde ha habido niños que han venido en peor situación, la familia podría haber denunciado al médico del orfanato, ya que allí es obligatorio que sea el médico de la casa cuna el que firme el certificado médico. La familia puede renunciar a esa adopción, aunque con una sentencia judicial puede también reclamar daños y perjuicios al médico. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las veces la familia se conforma con que le hagan una nueva asignación, porque no quieren más problemas.
Me ha preguntado si tuvimos problemas en Rusia. Hemos tenido muchos en cuanto a tramitaciones. En Rusia hemos tramitado ya cuatrocientos y pico expedientes, han llegado ya setenta niños y es verdad que hemos tenido muchos problemas. En Rusia no hay un solo poder: hay un poder policial, un poder administrativo y un poder judicial. Las seis familias no eran de Zaragoza, sino sólo dos y el resto eran de otras comunidades. Todos los casos están resueltos, menos el de una familia que aún está en trámite, con la casualidad de que sus hermanos habían solicitado la adopción después y fueron a adoptar antes. En la Federación de Rusia se publicó una ley del Gobierno federal porque las competencias en autorizar la adopción pasaban de una persona a otra, y hubo un período de no instauración en Moscú desde febrero hasta abril en el que no hubo juicios y esas familias fueron las afectadas. He de decir que intervino el cónsul de España, Pablo Platas, y nosotros. Al final, Pablo Platas nos dio la razón y dijo que había sido la falta de poner en práctica una ley. No ha habido más problemas, que yo sepa, en Moscú.
Sobre si esto es un negocio, le tengo que decir que para mí no. Todas nuestras cuentas están auditadas y todas nuestras asociaciones tienen pérdidas todos los años. ¿Cómo sustituyo las pérdidas sin que repercutan a las familias? Con parte del dinero que pagan los asociados como cuota de asociados. Puedo aportar los balances de todas las entidades de adopción y podrá comprobar que hay pérdidas. Pero, es más, la transparencia está en que no permitimos que ninguna familia dé ningún dinero en efectivo. Todos los ingresos se hacen a través de banco, por tanto es muy fácil para cualquier organismo poder controlar nuestros ingresos y nuestros gastos.
No sé si con esto le he informado suficientemente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Góngora.
Esta presidenta se tendría que bajar a un escaño para hacerle dos preguntas, pero no lo va a hacer. No he entendido por qué en la comunidad Valenciana es inferior el coste de cualquier tipo de tramitación con ustedes. No sé si esto es competencia suya o del director. (Pausa.) De acuerdo. Ahora me lo contesta.
Cuando usted dice que el coste es único en Rumanía, por ejemplo, o en Colombia, ¿en cualquier ECAI o en cualquiera de las ECAI que pertenecen a su asociación?
El señor PRESIDENTE DE ADECOP, ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCION INTERNACIONAL (Góngora Bernicola): Le voy a contestar a lo primero. La Comunidad Valenciana hace muchos años que subvenciona el trabajo a todas las ECAI que trabajan en dicha comunidad. Estas subvenciones se otorgan en función de los expedientes tramitados el año anterior y están dentro de los presupuestos generales de la Comunidad Valenciana. Por ello, en vez de repercutir nosotros uno a uno los costes en función del dinero que hay, se establece siempre una cantidad fija, que siempre es mayor que la que recibimos como subvención. Y es de agradecer que la Comunidad Valenciana tenga esa atención con las familias.
En cuanto a los costes, los fijos de los que yo hablo son para los gastos en España, ya que hay tres tipos de gastos: los de España, los de las organizaciones y los del país de origen. Los gastos fijos para todas las comunidades son los gastos fijos en España. Cualquier familia que haga una tramitación para una adopción internacional a través de ADECOP va a pagar los mismos gastos para el país que sea y, además, los gastos en España.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, señor Góngora. Muchísimas gracias en nombre de esta comisión y de los portavoces de los grupos parlamentarios por su presencia, y esperamos que siga colaborando para que podamos solucionar los problemas que afectan a la adopción internacional. Gracias por la documentación y por haber contestado el cuestionario que le habíamos remitido. Si, posteriormente, esta comisión requiere de más consultas, se las realizaremos.
Vamos a tener cinco minutos de descanso y daremos la palabra al ilustrísimo señor director general de Bienestar Social, Familia y Adopción del Menor de la Comunidad Valenciana. (Pausa.) Vamos a reanudar la sesión.
Señorías, creo que es mi obligación informarles de que hay un loco que a punta de pistola ha secuestrado a veinticinco niños, de entre 11 y 12 años de 6º de Primaria, en Hospitalet de Llogregat, y que pide un millón de euros a cambio de su libertad. Esta es una comisión de Adopción Internacional y, además, la senadora Mora Devis es la encargada de todo el asunto de protección y secuestro de menores, por tanto, nosotros tenemos que saberlo, así como también el director general de la Comunidad Valenciana.
--COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA, MENOR Y ADOPCIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA, DON AGUSTIN DOMINGO MORATALLA (713/000731).
La señora PRESIDENTA: Bienvenido, ilustrísimo señor director general, don Agustín Domingo Moratalla. Le agradecemos su presencia y, sobre todo, su espera, ya que tendría que haber empezado a comparecer antes, pero estas intervenciones, aunque sólo haya dos portavoces de dos grupos parlamentarios, se alargan, pues este asunto nos tiene muy preocupados.
Me imagino que a usted, como miembro de una comunidad autónoma muy importante, pluriprovincial, con bastante actividad en adopción internacional y también le surgirán dificultades, dudas y cantidad de preguntas.
Le voy a dar la palabra para que exponga lo que quiera en un plazo de tiempo aproximado al que le he dado al señor Góngora, y después pasaríamos a las preguntas de los portavoces parlamentarios.
Tiene la palabra el ilustrísimo señor director general de la Comunidad Valenciana.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA, MENOR Y ADOPCIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA (Domingo Moratalla): Muchas gracias, señoría.
En primer lugar, quisiera agradecer al Senado la oportunidad de poner encima de la mesa la experiencia que tenemos en la Comunidad Valenciana con respecto a la adopción internacional, porque puede beneficiar a la hora de organizar la normativa y poner cierto orden en lo que, aparentemente, puede ser el caos de la adopción internacional en el conjunto de España.
Es muy importante la labor de esta comisión y quisiera reforzar su trabajo. También me gustaría señalar que las conclusiones que salgan de esta comisión van a ser muy importantes para el trabajo que vamos a realizar las diferentes comunidades autónomas.
En segundo lugar. Para poder evaluar exactamente la adopción internacional y su situación actual en las diferentes comunidades autónomas es muy importante situarnos en el contexto de las políticas de familia de la Unión Europea. Hoy muchas familias acuden a la adopción porque no pueden tener hijos biológicos y, lo que es muy importante, porque ha cambiado radicalmente la cultura de la adopción: hace quince o veinte años no estaba bien visto adoptar y hoy nos encontramos con que es un gesto de solidaridad en personas que ven la posibilidad de constituir una familia a través de la adopción. En este sentido, es muy importante situar con perspectiva histórica todos los problemas normativos, jurídicos y administrativos que aquí planteamos. Por tanto, no sería justo ir a lo anecdótico de la adopción internacional, a casos concretos o a situaciones de países si no sabemos ver lo que podríamos llamar el bosque de la normativa sobre adopción. En este sentido, es muy importante caer en la cuenta de que la tremenda casuística con la que nos estamos encontrando en este momento en distintos países obedece también a la inexperiencia que tenemos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de las comunidades autónomas y, sobre todo, por el cambio cultural que se ha producido en la adopción.
En tercer lugar, es una cuestión donde hay que andarse con mucho cuidado respecto a lo que podríamos llamar las tendencias partidistas o políticas. Me alegro que en esta comisión haya interés y voluntad de llegar a un consenso en determinado tipo de propuestas respecto a la adopción internacional, porque creo que con los sentimientos de las familias no podemos jugar. Lo que está en juego no es estrictamente una norma, una ley o una recomendación, sino que son sentimientos de parejas que, por la razón que sea, no pueden tener hijos y quieren constituir una familia. Por tanto, es muy importante el trabajo que se haga en esta comisión, pero hay que enmarcarlo dentro de esa perspectiva cultural en donde estamos intentando recuperar el papel de la familia dentro de lo que son las administraciones públicas o, en este caso, las políticas de bienestar social.
No voy a leer los papeles que he traído y permítanme que aprovechemos el rato que nos queda para dialogar e intercambiar opiniones o para que yo les pueda contar mi breve y corta experiencia como director general de la Familia. En este sentido, he traído tres tipos de materiales. En primer lugar, dejo depositado en el Senado los distintos documentos con los que trabajamos en la comunidad autónoma: normativa; la guía que tienen las familias para adoptar; las bases de la valoración psicosocial para los criterios de adopción; un estudio sobre el perfil de la familia solicitante; programas humanitarios para estancias temporales; el librito «Vamos a ser una familia adoptante» que se les entrega a todas las familias cuando quieren adoptar,
«qué significa y sus consecuencias»; un manual para el formador de familias, pues tengan en cuenta que la formación se realiza a través de las Direcciones Territoriales de la Consejería de Bienestar Social, es decir, son equipos de las distintas Direcciones Territoriales los que intervienen directamente con las familias a la hora de seleccionarlas y es muy importante que tengan criterios homogéneos al evaluar ese equipo de familias; y una serie de materiales preparativos para los solicitantes de la adopción, divididos por sesiones: primera sesión; segunda sesión, sentimientos de esperanzas y temores; y tercera sesión, que significa la paternidad psicológica, el encuentro inicial y lo que viene después. Les dejo aquí este material por si otras comunidades autónomas lo necesitan en un determinado momento, y por si ustedes quieren completar el informe que tengan que elaborar.
En segundo lugar, la semana pasada recibí por parte del Senado una serie de preguntas, un cuestionario para enviar a las comunidades autónomas competentes en materia de adopción internacional, con vistas a la comparecencia de las autoridades correspondientes. He intentado traer hechos los deberes y tienen en las carpetas las respuestas a estas preguntas. Permítanme que no las lea porque, en realidad, tienen ahí la información y aunque les podría detallar cualquiera de los datos y la información que ahí aparece, creo que «progresaremos adecuadamente» o, al menos, todas las preguntas están respondidas. Por tanto, prefiero aprovechar la ocasión para intervenir.
En tercer lugar, yo tenía preparado un discurso de 40 ó 50 minutos para poder comentar, no sólo las estadísticas e información que tienen ahí, sino todo el trabajo de adopción que hacemos en la Comunidad Valenciana y todo el proceso que se sigue. Se lo voy a entregar también para que lo incluyan en el acta y, como eran las notas que yo tenía para transmitírselas a ustedes, no lo tienen en la carpeta, pero me comprometo a enviárselo en formato electrónico --de hecho, yo tenía pensado hacer una exposición de estas tecnológicas, que son tan bonitas y que quedan tan bien-- para que vean el número de solicitudes de adopción, los criterios de idoneidad, la diferencia que hay desde que empezamos, en 1997, a tabular información, a seleccionar familias o a establecer criterios, hasta hoy.
Por tanto, para que ustedes aprovechen mi presencia, hagan el mayor número posible de preguntas y yo pueda serles lo más útil posible, prefiero no leer los papeles.
Llevo poco tiempo como director general de la Familia, el Menor y Adopciones en la Comunidad Valenciana pero una de las perlas de esta comunidad en lo que serían políticas de bienestar social es el servicio de adopción. La Comunidad Valenciana está invirtiendo mucho dinero y muchos recursos en este servicio, pues dentro de lo que es el conjunto de las políticas de bienestar social y de la Dirección General de la Familia, del Menor y Adopciones nos hemos sometido a criterios de evaluación tanto de la ISO 9000 como de la FQM en los procesos de modernización de las administraciones públicas. Es decir, mi voluntad con respecto a lo que es el servicio de postadopción es introducir los máximos estándares de calidad en el proceso de adopción, de tal forma que, una comisión como ésta y un proceso como éste me parece fundamental para que todas las comunidades autónomas nos sometamos voluntariamente a ofrecer a nuestros parlamentarios el trabajo que se está haciendo. Repito que para poder valorar con justicia el trabajo que se está realizando en las distintas comunidades autónomas es muy importante no perder de vista la perspectiva histórica, es decir, el hecho de que la cultura sobre la adopción haya variado mucho de diez años a esta parte y, por otro lado, el que no sea proporcional lo que las comunidades autónomas invierten ante este cambio tan acelerado. Es un cambio que nos está resultando excesivamente sorprendente, intervenimos siempre después de que los solicitantes lo necesitan y es muy difícil ser pioneros en cuestiones de adopción, porque hay una gran sensibilidad dentro de los medios de comunicación a cuestiones relativas a la adopción y el cambio cultural que se ha producido aparece también en estos medios de comunicación.
Si quieren, concluyo aquí mi intervención. El número de adopciones que nosotros tramitamos al año está entre 350 y 380. Es un número que va en ascenso y los números exactos los tienen ahí ya que, como esto no es un examen de oposición, no me los he estudiado al detalle. Estamos haciendo un trabajo en este servicio muy serio y el número de profesionales que está trabajando aquí es muy elevado. Una cosa que me parece muy importante es la información que tenemos de todas las familias, de los criterios que se utilizan, y un instrumento que considero muy importante, y que algunas comunidades autónomas lo tienen establecido, es el del consejo de adopción. En nuestra Comunidad Valenciana hay un órgano que es el que acredita la idoneidad, y no es el director general el que arbitrariamente con los informes de psicólogos y trabajadores sociales otorga la idoneidad, sino que es un consejo de adopción que se reúne una vez al mes. Allí no hay nada decidido, sino que con absoluta libertad los responsables de las tres direcciones territoriales y organizaciones que tienen responsabilidad con la infancia y los expertos procuran que no se vote nunca; es decir, que a la hora de otorgar y conceder la idoneidad, si a alguna familia no se le concede o hay algún problema para tramitársela, procuramos que se delibere, que se hable y que se valore, porque el poder administrativo que vela por la idoneidad de estas familias está abierto a la voz de los expertos en cuestiones de adopción internacional. Por tanto, la entidad del consejo de adopción tramita mensualmente unos ciento y pico expedientes de solicitudes de adopción, pero no como tales solicitudes de adopción nacionales o internacionales, sino que es el lugar administrativo y social en el cual valoramos la idoneidad de las familias y realizamos el proceso de adaptación o capacitación psicológica, social o laboral de la familia, sobre todo cuando hay algún tipo de problema --aunque normalmente no los haya-- porque las características psicológicas del padre, de la madre o del núcleo familiar presenten algún tipo de patología. Aunque yo firme los criterios y los certificados de idoneidad, en realidad no es una potestad estrictamente arbitraria por parte de la Administración, sino que las decisiones de los certificados de idoneidad están muy matizados y muy valorados. Si les dijera que leo todos los informes de los trabajadores sociales y de
los psicólogos, no se lo creerían, pero sí que me preocupa mucho la calidad de los mismos, porque la frontera a partir de la cual se concede la idoneidad a una familia o a otra muchas veces no está clara y me interesa que los trabajadores sociales, psicólogos y profesionales que evalúan a las familias y que establecen los criterios por los que una familia puede ser adoptante o no sean lo más objetivos posible. De hecho, desde que yo llegué el año pasado, en la Dirección General hemos introducido un servicio, no sólo de postadopción, sino un procedimiento de diálogo con los propios solicitantes, es decir, a mí me interesa, y así se lo he transmitido a todos los servicios territoriales, que cuando una familia sea sometida al examen, no entren en determinado tipo de cuestiones que atenten a derechos fundamentales, ya que cuando psicólogos y trabajadores sociales evalúan el entorno familiar y social de cada una de las familias les puedo asegurar que los informes entran al detalle en cuestiones que algunas veces rozan la intimidad. Se lo digo porque desde el año pasado hemos protocolarizado un servicio de «feedback» con respecto a las familias, y si hay algún tipo de quejas o sugerencia las tramitamos. También hemos modificado el decreto de acreditación de ECAI.
He traído una copia que dejaré en la documentación y haré un anexo con el decreto que publicamos en junio de 2002 de acreditación de ECAI. Es un decreto que actualiza el de 1988.
Por último, y respecto a esta rápida información que les estoy transmitiendo, desde el año pasado hasta ahora hemos puesto en marcha un servicio de postadopción. El problema fundamental a partir de ahora no es el de la adopción, sino el de la postadopción. Nos estamos encontrando con menores que han sido adoptados en los últimos años y ya tenemos adolescentes adoptados que presentan un determinado perfil, una determinada problemática, y las administraciones públicas tenemos que estar preparadas pues somos responsables de esos menores que han venido.
Es este sentido, este servicio de postadopción intenta informar y prevenir situaciones. Normalmente, si una familia normal no está preparada para la adolescencia de sus hijos y de sus hijas, cuánto más una familia que haya adoptado, porque puede creer que es incapaz de educar a un hijo o que no está preparada. La paternidad adoptiva, a diferencia de la biológica, plantea un determinado tipo de problemas y muchas veces hay que informar a las familias de que están capacitados y hay que facilitarles recursos por parte de la Administración. Este servicio está teniendo éxito, entre comillas, en el sentido de que hay llamadas por teléfono para consultas y, sobre todo, se les está proporcionando a las familias una capacitación y un auxilio que les puede venir bien en la maduración y el crecimiento de los menores.
Respecto al número de adopciones, de expedientes tramitados y del papel que tienen las distintas ECAI, tienen la información en la carpeta y, si no les molesta, termino aquí mi intervención formal y abrimos un turno de interpelaciones o de preguntas que puede ser mucho más interesante, dado lo avanzado de la hora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domingo.
¿Va a utilizar usted las nuevas tecnologías?
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA, MENOR Y ADOPCIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA (Domingo Moratalla): No las voy a utilizar, porque tienen ahí la misma información. La verdad es que, como es la primera vez que vengo al Senado, pensé que me iba a encontrar con muchísima más gente, que iba a disponer de más tiempo y que podría dar una clase, que era lo que hacía antes, y sorprenderles con las gráficas.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Le agradecemos que se haya molestado, porque la confección de este tipo de trabajos es ardua, y es verdad que se habría tenido que encontrar aquí con mucha más gente, pero han coincidido desgraciadamente cinco comisiones al mismo tiempo y la mayoría de los miembros y portavoces del Grupo Socialista, del Grupo Popular así como de los grupos minoritarios de la Cámara no tienen más remedio que estar allí, ya que hay votaciones y preguntas que requieren su presencia.
Le pido disculpas por ello, pues para nosotros es un profundo pesar y, desde luego, le vuelvo a agradecer que lo haya preparado.
La senadora Mora pide la palabra, pero le corresponde por turno empezar al Grupo Parlamentario Socialista, a no ser que ella quiera hacer algún tipo de pregunta especial que se salga del orden del día. (Pausa.) Tiene la palabra el senador Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
El senador DIAZ SOL: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor director general. Me gustaría pedirles disculpas, no sólo por la tardanza, sino también por esa pequeña decepción que se ha llevado usted pero --y repito las palabras de la señora presidenta--, hoy ha sido un día nefasto en cuanto a coincidencia de programación.
Le agradezco mucho que haya optado por esta intervención sintética. Hay un tema que a mí me importa cuando hablo con los representantes de las administraciones y es el de la coordinación de todas ellas entre sí.
Cuando vino la anterior Directora General del Ministerio hablaba de las conferencias sectoriales. ¿Usted cree que este tema es un elemento eficaz a la hora de la coordinación? ¿Se puede meter dentro de lo que es la coordinación de una conferencia sectorial, que trata tantos temas, uno tan específico, tan concreto y tan problemático como pueda ser el de la adopción internacional? ¿Lo considera así o ve usted alguna otra posible alternativa? Pregunto esto en el sentido de que nosotros tenemos que estudiar todos los ángulos y ver las posibilidades de mejorarlo.
Dentro de esa coordinación, aparte de encontrarse con la Administración del Estado, nosotros hemos descubierto que existe un problema de comunicación. Con el Ministerio de Trabajo muy bien, pero a partir de ahí las relaciones de las autonomías con Justicia, con Exteriores, etcétera, empiezan a tener problemas de comunicación. No sé qué pasa en el caso de la Comunidad Valenciana, pero me imagino
que estará al mismo nivel que las demás. Por tanto, ¿cómo ve usted esto? Nuestra Constitución y el Estado de las Autonomías nos obliga a este diseño, pero habría que buscar alguna fórmula ingeniosa que permitiera, respetando las competencias autonómicas, llegar a un máximo de coordinación y de eficacia en este tema para garantizar tanto los derechos de los niños que vienen como el de los padres en una igualdad de oportunidades.
Lamento no haber leído el decreto que han publicado en junio del 2002 aunque, como usted habrá oído, el anterior compareciente ha hecho una fuerte crítica al decreto que se está planteando en Madrid. Yo no sé si es porque usted lo tiene subvencionado y le dice que está todo muy bien el señor presidente de ADECOP --esto es un poco en broma--, pero no ha dicho nada de este decreto y, por lo que parece, le debe parecer bien el de la Comunidad de Valencia y, en cambio, al de Madrid lo ataca muy duro.
¿Cómo es posible que haya estas diferencias¿ ¿Es por la falta de coordinación? Lo lógico es que se fueran aproximando las posiciones. Si el decreto de Madrid es bastante contestado desde el ángulo de las ECAI, desde las asociaciones de padres, etcétera, algún problema tiene que haber por aquí a la hora de fijar posiciones lo más homogéneas posible.
Según datos de los que dispongo, usted ha seguido un proceso de privatización de los órganos que van a hacer los informes de idoneidad.
Hasta ahora, por lo que dice usted en sus contestaciones a las preguntas, están desde los propios órganos de la Comunidad Valenciana en cada una de las unidades territoriales, los equipos municipales, equipos sociales que trabajan por convenio y el turno de intervención, y usted lo ha sacado a concurso público, en definitiva, lo ha privatizado. ¿Es mejor o es peor? No lo entiendo muy bien, en este tema usted mismo se ha mostrado muy cuidadoso en cuanto a los contenidos del informe, me gustaría que me lo explicara si es de verdad una privatización, cuáles son los criterios y por qué considera que es mejor esto.
Usted dice que ha obtenido quejas de las asociaciones. Me gustaría saber si tienen un registro de las mismas, y no sólo contra las ECAI, sino también de quejas de los padres en la postadopción. Y me parece muy bien que hayan montado ustedes un servicio de postadopción, ya que es un tema que ha empezado a aparecer en nuestra comisión, y uno de los que recientemente se han tratado ha sido el de la integración educativa de los niños. ¿Cómo enfocan ustedes este asunto en la Comunidad Valenciana? ¿Tienen algún tipo de coordinación o de cuidado especial a la hora de asignar los niños a los centros? ¿Hay unidades de apoyo? ¿Cómo son tratados los problemas del idioma? De momento, nada más, Muchas gracias por su intervención y por su paciencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Díaz Sol.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora Rodríguez Saldaña, cede su turno de portavoces a la senadora Mora Devis, miembro titular de esta comisión y senadora por Valencia.
Senadora Mora, tiene la palabra.
La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Director, bienvenido a esta casa. Muchas gracias por su exposición, por lo breve, por lo clara y por lo elaborada, porque aunque no hemos tenido ocasión de verla en formato modernísimo, tenemos un dossier en el que poder consultar con mayor tranquilidad todas las cuestiones que usted ha planteado que nos va a favorecer mucho.
En primer lugar, debo decir que me ha gustado mucho la intervención del compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, porque coincide con alguna de las cuestiones que yo iba a plantearle. Así que, al modo valenciano, muy telegráficamente y muy claramente, ya que estoy convencida de que es como mejor nos vamos a entender el compareciente y esta senadora, le voy a preguntar unas cuestiones. En primer lugar, ¿qué nivel cultural tienen los padres adoptantes en la Comunidad Valenciana? ¿Qué cuestiones ha tenido que limar o atender desde su Dirección General para que se adquiera un nivel cultural, ya que de su intervención se desprende que no todo el mundo adoptante tiene ese nivel cultural e idóneo para ser padre adoptante? En segundo lugar, me gustaría preguntarle, para contrarrestar la pregunta del compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, por la insatisfacción: ¿qué nivel hay de reclamaciones y satisfacción, tanto con la Administración como con la decisión tomada? A lo mejor es prematuro decirlo, pero a partir de ese servicio de postadopción, que usted nos ha comunicado y de cuya puesta en marcha nos congratulamos, sí que podemos llegar a unas conclusiones respecto de esta «moda», de este «efecto adopción», de esta «efervescencia en la adopción». ¿Queda la gente realmente satisfecha, incluso de la decisión tomada, por el trato, por las condiciones y por todo el maremágnum que lleva consigo una adopción? En tercer lugar, me gustaría también saber si ustedes tienen datos comparativos con Europa. Supongo que este efecto adopción, que no sé si acierto en llamar efervescente, y que conozco sólo en lo que respecta a la Comunidad Valenciana, ocurre también en otros países. ¿Qué nivel de satisfacción tiene? Me imagino que ustedes también estarán en coordinación con el resto de las comunidades europeas respecto a este asunto de la adopción.
En cuarto lugar, le pediría que nos diera algunas recomendaciones. Es decir, en qué medida puede aportar algo el poder legislativo.
Por último, me gustaría preguntarle si esa política de familia especial de la Comunidad Valenciana está favoreciendo ese efecto efervescencia de las adopciones y si tienen ustedes datos al respecto.
Básicamente, estas son las preguntas que le quería formular. Le agradezco de antemano esa contestación telegráfica y al modo valenciano al que nos tiene acostumbrados. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Mora.
Tiene de nuevo la palabra el ilustrísimo señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA, MENOR Y ADOPCIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA (Domingo Moratalla): Voy a contestar por orden.
En primer lugar, respecto a la coordinación. Yo he asistido a pocas reuniones interautonómicas, pero a las que he asistido he visto que cada comunidad autónoma iba por su lado, y no sólo en el tema de la adopción, sino también en el de menores y en el de familia. Es decir, que haciendo uso de sus competencias autonómicas, nos encontramos que en estos temas tan sensibles y cada vez más importantes hay diversa metodología, diverso tratamiento y diversa información. Esta diversidad puede ser, en principio, un bien, pero en el tema de la adopción están en cuestión determinados tipos de problemas que tienen que ver con el Derecho Internacional y la responsabilidad de un órgano como el Senado es importante en este campo. Es decir, no podemos dirigirnos todas las comunidades autónomas a cada uno de los países de forma independiente, sino que es muy importante que coordinemos procedimientos o que coordinemos criterios de actuación mínimos a la hora de acreditar ECAI.
Por tanto, todo el trabajo que se haga para coordinar o mejorar esta coordinación en las comisiones interautonómicas es poco, porque después cada uno en nuestra comunidad autónoma tenemos un presupuesto distinto, unos funcionarios distintos y un nivel de formación distinto. Pero eso sólo lo vamos a poder evaluar dentro de unos años, cuando nos demos cuenta del sistema de adopción que estamos poniendo en marcha. Por ejemplo, cuando les estoy hablando del sistema de adopción, el equipo de personas que en la Comunidad Valenciana llevan este tema probablemente es mayor en número que el que tenga otra comunidad, porque el presupuesto es distinto y porque concede prioridad a unas cuestiones distintas a las que nosotros concedemos en nuestra comunidad, y en eso no nos podemos meter.
Por tanto, el nivel de especialización del personal que yo tengo es distinto que el de otra comunidad autónoma. Creo que a nivel de Ministerio es muy importante establecer mínimos comunes entre las distintas comunidades autónomas y, luego, que cada comunidad autónoma establezca máximos diferentes en virtud de los presupuestos y de las directrices políticas que cada una tenga. Pero cuestiones como menores, familias y adopciones son muy importantes y en las comisiones interautonómicas pasamos demasiado rápido sobre ellos, y sería muy importante tomarse más en serio la adopción. También es verdad que, muchas veces, las agendas de los responsables políticos las tenemos llenas de otras cuestiones, porque la Dirección General es Familia, Menor y Adopciones, por tanto, primero tratas de la familia, luego del menor, Ley 5, y después, en ruegos y preguntas, de las adopciones. En este sentido, habría que invertir la cuestión. Por tanto, hay que coordinar y buscar mínimos con respecto al Ministerio. Es cierto que quienes nos dedicamos a cuestiones de bienestar y justicia social tenemos un lugar diferente dentro de los organigramas propios del conjunto de la Administración. Por ejemplo, con Justicia y con Exteriores las cuestiones son siempre de menor transcendencia, pero sería importante caer en la cuenta de que en la adopción y, sobre todo, en cuestiones relativas a familia y menores, como no trabajemos hoy conjuntamente el Ministerio de Justicia, Exteriores y Trabajo y Asuntos Sociales no tenemos nada que hacer. Por tanto, tendría que haber una mayor sensibilidad de la que ya hay, que es importante, por parte de Justicia y de Exteriores para cuestiones que teóricamente son de Asuntos Sociales o de Bienestar Social y el tema de la adopción internacional debería pasar a un primer plano en la agenda de estos Ministerios. Habría que reforzar la coordinación con estos Ministerios, aunque es algo que ya se está haciendo en este momento pues el nuevo equipo del Ministro Zaplana está trabajando en esa dirección. No se puede trabajar en cuestiones de adopciones, de menores y de familia al margen del resto de los Ministerios.
En segundo lugar, usted hacía referencia a la crítica de ADECOP a la Comunidad Autónoma de Madrid y preguntaba cómo son posibles las diferencias entre comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene un presupuesto distinto, profesionales distintos y criterios distintos. Es probable que la Comunidad Autónoma de Madrid considere que sus preferencias tengan que ir en una línea y las nuestras vayan en otra.
Respecto al tema de cómo es posible también que ADECOP tenga un juicio distinto respecto a una comunidad u otra, tengo que decir que nosotros, antes de elaborar una norma y a la hora de elaborar la normativa que va a afectar a las ECAI, hablamos con ellos, nos sentamos con ellos y no es que negociemos con ellos, porque la responsabilidad es nuestra, pero sí creemos que la gestión de la adopción internacional tiene que ser compartida con las ECAI. Esto no quiere decir que la responsabilidad sea sólo de las ECAI, porque los certificados son nuestros, pero es muy importante que si vamos a elaborar una norma que afecta a las ECAI, las tengamos en cuenta y, sobre todo, que consideremos la experiencia que ellas tienen en la gestión de la adopción internacional. No es lo mismo elaborar una norma a priori, sin contar con los afectados, que elaborarla contando con ellos. Por tanto, éste no es el decreto que ADECOP u otra ECAI hubiera admitido, porque hay determinados artículos que tienen que ver con las auditorías, con los estados de las cuentas y con las responsabilidades públicas que nosotros no podemos delegar administrativamente porque son competencia nuestra y, probablemente, el decreto que hubiera elaborado ADECOP hubiera suprimido determinado tipo de control administrativo. Nosotros, en ese sentido, no estamos en contra. Lo que sucede es que en la comunidad autónoma la experiencia que tienen las ECAI es muy importante y tenemos que contar con ellas a la hora de gestionar la adopción internacional, porque tienen personas preparadas y experiencia en distintos países. Además, a la hora de elaborar una norma y de gestionar una adopción internacional tenemos que trabajar conjuntamente y codo con codo. Por ello, la experiencia de Madrid es distinta a la nuestra y el juicio de cada ECAI puede ser también distinto, aunque también le digo que yo llevo poco tiempo en esta faena, escasamente quince meses,
y me doy cuenta que son formas y estilos que dependen de cada comunidad autónoma.
Respecto a la pregunta que me hace sobre el proceso de privatización de los informes, le pediría a su señoría que se informara mejor y que seamos serios cuando hablamos de las cuestiones. Una cosa es hacer demagogia en el tema de la adopción y decir que la Comunidad Autónoma de Valencia ha privatizado el servicio, y otra ver cómo está actualmente el servicio y lo que se ha hecho. En primer lugar, en la Comunidad Autónoma de Valencia a las familias no les cuesta un duro el informe de idoneidad y con el nuevo modelo les va a costar lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? El proceso es el siguiente. Hasta ahora, cuando una familia quería adoptar acudía a los servicios territoriales, se le informaba e iniciaba el proceso de adopción, y podía acudir a los servicios municipales para que le hicieran el certificado de idoneidad. El certificado de idoneidad tiene dos partes: una la realiza un trabajador social y otra un psicólogo de esos servicios municipales. Otra vía eran los servicios territoriales y los psicólogos de los propios servicios territoriales. Otro camino era el convenio que como Generalidad Valenciana tenemos con los colegios profesionales de la comunidad autónoma, de psicólogos y de trabajadores sociales. La mayoría de las familias que querían adoptar acudían a los psicólogos y trabajadores sociales del convenio que tenía la Generalidad con estos colegios. Y luego hay otro turno de oficio, el TIPAI, que lo tienen elaborado los colegios cuando no están satisfechos con el informe y que se pagan ellos mismos. Es decir, vamos a suponer que en el ayuntamiento, en la Dirección Territorial o en la Dirección General hemos hecho un informe de idoneidad y la familia no está satisfecha con él, pues puede ir a por otro informe, que es el del turno de oficio del colegio de psicólogos o bien de los trabajadores sociales, pero éste se lo pagan ellos. O si una familia tiene algún problema puede refrendar el informe que le hayan hecho. Son muy pocas familias las que acuden a ese procedimiento y son muy pocos casos los que se producen. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Comunidad Valenciana? Hasta ahora, establecíamos un convenio con los dos colegios profesionales, el de psicólogos y el de trabajadores sociales, lo que significaba que la Comunidad Valenciana pagaba a los colegios profesionales el trabajo que hacían a las familias que querían adoptar. Todos los años nos sentábamos en la mesa desde el mes de septiembre el decano del colegio de psicólogos y el decano del colegio de trabajadores sociales y entablábamos una negociación de las características del informe. Ellos pedían más, nosotros menos y, según la experiencia que tengo de la negociación del año pasado, yo buscaba calidad profesional, experiencia acreditada por parte de los profesionales y seriedad y rigor en los informes. Lo que sucede es que los colegios profesionales buscan proporcionar opciones laborales a sus propios colegiados, como es normal, de tal forma que, como son agencias de colocación para esos profesionales, disminuye la calidad de los informes --no sé si se entiende el planteamiento--. Entonces, para que un grupo de licenciados en psicología o un grupo de licenciados en trabajo social empiecen a trabajar, no me parece serio que experimenten con familias. Pero ellos, como colegios profesionales, están obligados a dar entrada a todos los colegiados en el turno. Esto suponía una inexperiencia que yo estaba dispuesto a cortar, de manera que la misma cantidad de dinero, e incluso menos desde el punto de vista administrativo, de la que teníamos asignada en los presupuestos para los colegios profesionales, la saqué a concurso, de tal forma que los propios colegios profesionales pudieran presentarse. Lo que yo estoy buscando es profesionalidad, rigor y calidad en los informes de acreditación de la idoneidad. A las familias no les va a costar nada y a mí, como Administración pública, me va a costar lo mismo, sólo es una fórmula distinta. El criterio que a mí me preocupa para las empresas que entren es la calidad de los trabajadores sociales y de los psicólogos que realizan esos informes. Por tanto, desde el punto de vista económico no se ha privatizado absolutamente nada, sino que se ha buscado una fórmula distinta para que haya una mejor calidad y una mayor eficiencia en ese tipo de servicios.
Lo que también era un problema es que en el convenio que se tenía con el colegio de psicólogos no se empezaba a trabajar desde el uno de enero, sino cuando se hubiera firmado, de tal forma que había demora y retraso en los informes del colegio, pues empezaban a hacerlos cuando sabían que se había aprobado y cuando tenían el presupuesto. Eso significaba que en febrero y marzo la tropa de psicólogos y de trabajadores sociales
--entiéndanme la expresión-- acudían a realizar los informes, pero durante enero y febrero había cierta demora en la tramitación de los expedientes. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que desde el 1 de enero, psicólogos y trabajadores sociales con experiencia han buscado una fórmula cooperativa para trabajar en la que yo, como Administración pública, no me puedo meter, y mi criterio fundamental es la experiencia y la calidad en la realización de los informes. Esa es la respuesta al tema de la privatización y, en realidad, es demagógico decir que hemos privatizado el servicio. Sería mucho más serio enterarse de cómo funcionaba antes, de cómo funciona ahora y de qué se pretende, porque lo que se busca es un mejor servicio público. No es verdad la formulación como tal que aparece en la prensa de que se privatiza o de que sale a concurso; se puede manipular y se puede hacer demagogia respecto a ese tema, pero cuando nos enteramos de cómo funcionan las cosas, vemos que a la gente no le va a costar dinero y que no se ha privatizado el servicio, sino que se pretende calidad, eficiencia y responsabilidad en la elaboración de informes.
Por otra parte, me preguntaba si hay un registro de quejas. En realidad, en el decreto como tal no aparece un registro de quejas, pero al estar sometidos al proceso de evaluación de FQM, el servicio de adopción dentro del proceso de modernización de la Generalidad, indirectamente sí lo hay.
Es decir, los usuarios de ese servicio pueden en cualquier momento realizar una queja al responsable de ese servicio y evaluar el grado de satisfacción. Aparte de esto, a mí me preocupa lo que podríamos llamar, no sólo en el servicio de adopciones, sino en el del menor y en el de familia, una cultura de la atención al ciudadano y a la queja del ciudadano para que éste entienda que la Administración
es suya y que no estamos al margen. La comunicación con las familias es muy importante y apenas existen estas quejas. De hecho, verán en el informe que la pregunta número nueve hacía referencia a este tema y observarán que el número de reclamaciones presentadas por los solicitantes contra las entidades en 1999 eran dos y estaban referidas a las ECAI. Con ello quiero decir que el grado de satisfacción --y con ello ya respondo a otra de las preguntas-- es muy elevado. El problema fundamental ha sido muchas veces la escasa profesionalidad de psicólogos y trabajadores sociales a la hora de hacer preguntas que no se deberían hacer, y esto es lo que a mí me preocupa. Yo tengo que velar por el grado de satisfacción de estas familias y, sobre todo, por el grado de calidad en la elaboración de informes de estos técnicos.
El servicio postadopción que hemos puesto en marcha en el año 2002 asesora psicológica, sanitaria y educativamente. ¿Esto significa constituir grupos especiales para favorecer la integración? No, significa reforzar la estrategia de integración que la propia familia está llevando a cabo y, sobre todo, que las familias se sepan acompañadas en todo momento. Las familias pueden acudir a un psicólogo, a un terapeuta o a un profesional en cualquier momento, pero nosotros, como Administración, somos responsables de ese menor que está adaptándose e integrándose. El servicio nos ha permitido auxiliar a estas familias y el apoyo no es sólo educativo, sino fundamentalmente sanitario. Hay que tener en cuenta que muchas veces, al igual que los padres biológicos no sabemos cómo abordar cuestiones con nuestros propios hijos, la familia adoptante tiene un complejo de inferioridad respecto a la educación de sus hijos y es importante para nosotros reforzarles ese tipo de cuestiones. Por otra parte, no sé si en otras comunidades, pero en la Comunidad Valenciana, como me han comentado alumnos míos que han adoptado niñas chinas, las familias que han adoptado estas niñas ya están asociadas, de tal forma que están preocupadas porque las niñas mantengan su propia lengua, su propia cultura y, al mismo tiempo, conozcan la nuestra. Así, entre los propios padres que han adoptado, se ha generado una serie de tejido asociativo propio y es importante en una sociedad intercultural que estas niñas sigan manteniendo su propia lengua y sus propias tradiciones. Por tanto, yo no tengo ningún programa de fortalecimiento de este tipo de asociaciones, pero sí les puedo decir que en la medida en que surjan, por nuestra parte van a tener, no sólo el apoyo moral, sino también el administrativo.
Respecto a la pregunta sobre el nivel cultural, quisiera decirle que en el otro informe que iba a leer hoy y que iba a presentar de forma gráfica hay una descripción de la edad de las familias, del nivel educativo y de la situación sociolaboral de las misma. Les voy a leer las cinco líneas del nivel socioeducativo para que vean el perfil de las familias, que son absolutamente normales, de clase media y que hacen un esfuerzo desde el punto de vista económico para poder adoptar. Se lo leo: «Los estudios primarios son los que presentan mayores proporciones en términos absolutos, el 36,4 por ciento, aunque un 34,7 por ciento ha realizado estudios con titulación media o superior. Estos datos nos llevan a la conclusión de que los solicitantes de adopción no necesariamente son personas con un nivel de estudios elevado.» En realidad, podríamos decir que son familias normales y el nivel de estudios es medio. Estos son los datos que tenemos respecto a nuestra comunidad autónoma.
¿Qué nivel de satisfacción existe? Le puedo decir que el nivel de satisfacción es elevado, la gente está contenta y, de hecho, se dirige a cualquiera de las Direcciones Territoriales a pedir información, es decir, tiene conciencia de que no es una parte cualquiera de la Administración, sino que ahí están mimando su paternidad o su maternidad.
Y esto se demuestra en las encuestas que hemos realizado y en los procesos de calidad a los que nos estamos sometiendo. Las familias también están satisfechas con la Administración pero piden que se les ayude en el proceso, al menos durante los primeros años y el hecho de poner en marcha el servicio de postadopción es un estímulo.
En cuanto a su pregunta sobre los datos en comparación con la Unión Europea y con otras comunidades autónomas, es una de las tareas importantes desde el punto de vista de la coordinación con el Ministerio establecer bases de datos, poder elaborar una planificación y tener criterios homogéneos a la hora de recabar estos datos con todas las comunidades autónomas. La adopción es distinta en Estados Unidos y a nivel europeo, y lo que nos estamos encontrando es que desde que se firmó el Convenio de la Haya hasta hoy cada comunidad autónoma, cada administración y cada Estado tiene criterios distintos. Pero nosotros, por ejemplo, hemos firmado un convenio con la Universidad de Valencia para que se realice investigación en lo que se refiere a la adopción y que dentro de quince o veinte años podamos disponer de información fiable para hacer una continuidad de todo el proceso. Por tanto, sería muy importante que a nivel de Ministerio se establecieran bases de datos comunes y sistemas de información fiables para poder planificar una política de adopción. Uno de los consejos que yo me atrevería dar a la comisión es la de coordinar los patrones, criterios o estándares informativos para poder planificar mejor, ya que los problemas de adopción no han hecho más que empezar y el impacto que tienen en la opinión pública es incontrolable, pues hay sensibilidad sobre el tema y a las Administraciones nos está cogiendo con poca experiencia y con una legislación que va siempre detrás de la realidad. Esta es una de las recomendaciones que les daría. Y yo no desglosaría la política de adopción de la política de familia. Esto es muy importante. No podemos hacer una política de adopciones al margen del modelo de familia que realicemos, porque los problemas a la hora de evaluar los criterios de idoneidad de las familias y la adaptación a la integración del menor a la familia están en función de una realidad familiar que es distinta. En la realidad biológica tiene unas características y en la realidad de la familia adoptante tiene otras. Es muy importante tomarse en serio las políticas de familia para integrar la adopción internacional dentro de ese marco. Si la política de adopción internacional cae fuera de las políticas de familia, nos estaremos olvidando de lo más importante, que es el menor, de su derecho, entre comillas, a tener una familia
y no ser objeto del capricho de una pareja o de un individuo que en un determinado momento quiera o no quiera adoptar. En este sentido, es muy importante entender que la responsabilidad de la Administración no es por dos personas, una familia o una pareja, no es una arbitrariedad de unos votantes, de unos consumidores o de unos usuarios, sino que nace del derecho que tiene el menor a tener una familia. Por tanto, creo que es importante que enmarquemos las reflexiones sobre la adopción internacional en un fortalecimiento de las políticas de familia de las distintas administraciones públicas y, si es posible desde el punto de vista de una institución como ésta, que exijamos a la Administración del Estado que potencie las políticas de familia, porque en ellas es donde está la reflexión que estamos necesitando sobre la adopción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domingo.
Algún portavoz ha pedido la palabra.
Tiene la palabra el senador Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Me produce mucha satisfacción que un representante de la Administración valenciana brinque un poco cuando se habla de privatizaciones, pues hemos tenido algunos ejemplos en otros ámbitos de la Administración valenciana que presumen de la eficacia de las privatizaciones. Quizá por haber tenido esos ejemplos es por lo que se lo he planteado así. Si es como usted dice, me parece fenomenal, pero no sé cómo va usted a garantizar la idoneidad de las personas o de los grupos que opten por este procedimiento, porque si opta el colegio, se puede encontrar en la misma situación; si es un colectivo de psicólogos o profesionales del trabajo social, tendrán que presentar currículum. De todas maneras, me parece fenomenal que al ciudadano le siga saliendo gratis el servicio.
Por último, quisiera decirle que me imagino que cuando usted se ha referido al derecho del menor entre comillas, ha sido una forma de hablar, ya que es un derecho sustantivo y no es un derecho entre comillas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Díaz Sol.
Tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA DEVIS: Gracias, señora Presidenta.
Sólo quisiera agradecer las explicaciones del director general que nos ha acompañado y manifestarle que, precisamente hoy, el Ministro de Trabajo, a cuyo Ministerio apelaba el compareciente, da una charla en el Club Siglo XXI, al que acudiremos algunos de los presentes, y será un buen momento para que en la tertulia se trate la inquietud que ha manifestado el señor director general.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Mora.
Antes de finalizar, quisiera hacerle alguna pregunta al señor director general.
Yo no hablaría nunca de privatización, sino de externalización de la acreditación de la idoneidad que, además, se está haciendo en otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como en Castilla-La Mancha. ¿Por quién está formado el consejo de adopción que acredita la idoneidad? Por otra parte, el servicio de postadopción, que me parece un servicio magnífico, ¿realiza el seguimiento que realmente se tendría que hacer sobre las adopciones y que, teóricamente, es responsabilidad de las ECAI? ¿Y las subvenciones que ustedes dan son sólo para el certificado de idoneidad o subvencionan a las familias en otro ámbito para algún otro tipo de gasto? Gracias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA, MENOR Y ADOPCIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA (Domingo Moratalla): Voy a empezar por la última. En primer lugar, las subvenciones a las ECAI son para aminorar los gastos en la gestión de traducciones, legalización de documentos y tramitación, no es la subvención para la tramitación de la idoneidad. Las ECAI empiezan a trabajar cuando ya tienen el documento de idoneidad, como ha dicho el señor Góngora. Por tanto, en nuestra comunidad autónoma tienen una subvención por expediente tramitado el año anterior y es, fundamentalmente, para abaratar los gastos. No se va a pagar todo el expediente ni todos los gastos, sino que se van a aminorar, puesto que supone un plus de gasto a la familia que quiere adoptar desde el punto de vista internacional, es decir, no es para la adopción nacional. Antes se me ha olvidado comentarles una cosa, y es que el número de familias que manifiestan su deseo de adoptar a menores con algún tipo de minusvalía o incapacidad cada vez es mayor. Esto es de agradecer. Antes, en las familias que solicitaban adopción había reparos respecto al VIH o a algún tipo de enfermedad, pero hoy las familias se sienten más apoyadas y con más fuerza para adoptar a este tipo de menores. No sería justo en una comisión como ésta no constatar ni levantar acta de que las familias españolas han pasado a ser menos exigentes, en el sentido de que asumen mayores responsabilidades con los menores a la hora de integrarlos.
¿Quién forma el consejo de idoneidad? Es consejo de idoneidad es un grupo que, formalmente, sería de 25 personas pero, de hecho, acabamos siendo 17 ó 18 los que nos reunimos. Como hay tres Direcciones Territoriales, el consejo lo forman un director territorial y el jefe del servicio de familia de cada Dirección Territorial. Por tanto, son seis los que vienen de cada una de las Direcciones Territoriales. Las Diputaciones también tienen su representante, ya que tienen residencias de menores o han tenido experiencia en la integración de menores, porque en algunas comunidades hay hogares infantiles, por tanto, forman parte del consejo de adopción. Las asociaciones de consumidores y una asociación de amas de casa también tienen representación. Y por parte del servicio de la Dirección General está el director general, la jefa del servicio de adopción, uno de los letrados que
trabajan ahí, que hace de secretario del consejo de adopción, la psicóloga del servicio y la secretaria, que tiene voz pero no tiene voto.
No hay representantes de ECAI. Hay asociaciones de familias acogedoras, es decir, familias que han acogido a menores, que también están representadas. En el decreto tienen toda la relación para entrar en más detalles. Por tanto, no es un órgano estrictamente administrativo, sino participativo, donde la Administración y la sociedad civil plantean discusiones, por ejemplo, sobre una familia o uno de los cónyuges que quiere adoptar y se pasa en la edad. En estas discusiones hace falta la prudencia de este tipo de grupos que son los que conceden o no la idoneidad, ya que se estudia cada caso concreto.
Por último, está la pregunta sobre el servicio de postadopción. Este servicio se concede por un convenio con el colegio de trabajadores sociales y el de psicólogos. Pactamos una ratio de tal forma que hay un grupo que atiende al teléfono y asesora a estas familias.
La señora PRESIDENTA: Señor Domingo, muchas gracias por su comparecencia y por su presencia. Nos gustaría estar más tiempo, pero usted quiere asistir a la conferencia del señor Ministro en el Club Siglo XXI y le vamos a dejar marchar.
Se levanta la sesión, señorías.
Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.
