Caused by trafficking; Chamber III confirms sentence against Carlos H. Robles
Caused by trafficking
Chamber III confirms sentence against Carlos H. Robles
Otto M. Vargas | ovargas@nacion.com
The Third Chamber of the Court upheld the sentence of 10 years' imprisonment imposed on the defunct Banco Anglo executive, Carlos Hernán Robles Macaya, for trafficking in minors.
With this determination of the Chamber III, the ruling was not only strong, but also the penalty imposed lawyer Rodrigo Johanning Quesada (10 years).
The judges concluded that the two lawyers had connections with an international adoption agency, a company that offers children, through the Internet without being authorized to do that here.
As part of the investigation on 22 September 2003 the authorities raided a casa cuna house in the urbanization of El Jardín – in La Uruca, San José, -- where resided nine children, the majority of Guatemalans.
Allegations.As part of a strategy to reverse the conviction, the defense attacked the way it conducted a videoconference from Guatemala.
There were interviewed the parents of the children, some who were indigenous and speak little Spanish.
The prosecutor Ana Yanci Ureña argued that "the occupation of the accused Robles was entirely because of an illegal human trafficking."
Two other lawyers were freed of the charges.
Robles has yet to deduct several years in prison in connection with the rulings imposed by the collapse of the defunct bank.
Causa por tráfico de personas
Sala III ratifica pena contra Carlos H. Robles
Otto Vargas M. | ovargas@nacion.com
La Sala Tercera de la Corte confirmó la sentencia de 10 años de cárcel impuesta al exgerente del desaparecido Banco Anglo, Carlos Hernán Robles Macaya, por tráfico de personas menores de edad.
Con esa determinación de la Sala III, el fallo no solamente quedó en firme, sino también la pena impuesta al abogado Rodrigo Johanning Quesada (10 años de cárcel).
Los jueces concluyeron que los dos abogados tenían conexiones con una agencia internacional de adopciones, empresa que ofrecía infantes, mediante Internet, sin estar aquí autorizados para eso.
Como parte de la investigación, el 22 de setiembre del 2003 las autoridades allanaron una casa cuna en la urbanización El Jardín –en La Uruca, San José– donde permanecían nueve menores, en su mayoría guatemaltecos.
Alegatos. Como parte de la estrategia para dejar sin efecto la condena, la defensa atacó la forma como se llevó a cabo una videoconferencia desde Guatemala.
Allá fueron entrevistados los padres de algunos de los niños, entre estos una indígena que casi no hablaba español.
La fiscal Ana Yanci Ureña alegó que “la actividad profesional del imputado Robles era completamente ilegal por tratarse de una trata de personas”.
Otros dos abogados se libraron de esos cargos.
Robles todavía debe descontar varios años de cárcel en relación con las sentencias que le impusieron por el descalabro de la desaparecida entidad bancaria.